Luis Arango Nieto
Columnista

El plebiscito y el sector rural: una oportunidad

En poco de lo acordado se podría estar en desacuerdo, en general, no debe existir colombiano que no quiera que se mejore el bienestar de la población.

Luis Arango Nieto
Opinión
POR:
Luis Arango Nieto
agosto 16 de 2016
2016-08-16 10:22 p.m.
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Se acerca la votación del plebiscito sobre lo acordado en La Habana, pero pocos son los que realmente conocen o conocerán el documento final para tomar una decisión juiciosa y objetiva. Por lo tanto, es necesario analizar lo acordado para el sector rural.

Por ser el sector rural el que más ha sufrido la crueldad de la guerra y donde existe una grave problemática social, son razones suficientes para escogerlo como primer punto de la agenda. El índice de pobreza multidimensional en 2013 era de 42,7% en el sector rural y 47,8% en el área rural dispersa, mientras que en las ciudades era de 20,8%.

Lo acordado en La Habana (en adelante Lo Acordado) se titula Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral y pretende crear las bases para la transformación estructural del campo y desarrollar las condiciones de bienestar para la población rural y así contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.

El punto más sobresaliente tiene que ver con la tierra. Colombia tiene un alto nivel de concentración y a pesar de esfuerzos ha venido creciendo (datos de La Misión Rural), el Índice Gini por UAF (Unidad Agrícola Familiar) era 0,820 en 2009 y pasó a 0,838 en 2012 (1,0 es alta concentración).

Por otra parte, en 2013 el 66,8% de los productores rurales tenía menos de media UAF, el 20,5% tenía entre media y dos UAF, el 9,7% entre 2 y 10 UAF y el 2,9% tenía más de 10 UAF. Además, tan solo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra
La inequidad demostrada es la razón por la cual la tierra ocupa un lugar destacado, tanto en lo acordado como en la Misión Rural.

LO PLANTEADO

En lo acordado se plantea el acceso a la tierra, para lo cual se establece un Fondo de Tierras, que estará constituido por tierras provenientes de extinción judicial de dominio, baldíos indebidamente apropiados, tierras adquiridas o expropiadas por interés social, tierras inexplotadas o tierras donadas.

La Misión también propone la constitución de un Fondo de Tierras con similares características y con propósito redistributivo.

En ambos casos, está considerado que el acceso a la tierra no debe hacerse de forma aislada, sino debe ser integral donde se incluya vivienda, asistencia técnica, capacitación, proyectos productivos, comercialización, etc.

Tanto lo acordado como la Misión plantean la necesidad de desarrollar un proceso de formalización de la propiedad, claro que el documento de convenido se limita a medianos y pequeños, pero la Misión lo plantea en forma general. En ambos casos se define como prioritario continuar con el proceso de restitución de tierras con el objeto que se reviertan los efectos del conflicto. El cierre de la frontera agrícola es importante en ambos documentos, lo acordado propone las Zonas de Reserva Campesina como instrumento para proteger las zonas forestales.

FORMACIÓN DE CATASTRO

Por su parte, la Misión entiende por Zonas de Reserva Campesina a territorios con ecosistemas homogéneos, que permitan la integración productiva y comercial de los habitantes y a su vez sirvan de tapón a la ampliación de la frontera agrícola y por supuesto tengan el apoyo de los gobiernos para obtención de bienes públicos, pero ir más allá podría entenderse como intención de las Farc de seguir dominando territorios con el miedo.

La formación y actualización del catastro se plantea en lo acordado, pero también es considerada en la Misión y definitivamente es una necesidad para integrar el sector rural al desarrollo.

En cuanto al desarrollo, se plantea en los dos documentos que debe ser un desarrollo con enfoque territorial, lo que significa que el sector rural no es exclusivamente agropecuario, sino que allí confluyen pequeñas poblaciones, así como diferentes actores y actividades, pero cuya población principalmente está inmersa en la producción agropecuaria.

El enfoque territorial implica que el desarrollo debe hacerse en forma integral y además de la agricultura hay que considerar: salud, saneamiento, nutrición, conectividad, educación, cultura, recreación, capital humano, seguridad social, vías, energía y comunicaciones, es decir que conlleve a una verdadera inclusión social como insiste la Misión.

Lo acordado plantea los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral, como preámbulo sostiene que la superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso familiar, sino asegurando que se tenga acceso a servicios y bienes públicos.

Lo acordado plantea la soberanía alimentaria, que no ha sido aceptado por el gobierno y se espera que sea así por cuanto esto implicaría cerrar las fronteras y buscar la autosuficiencia y cerrar la producción agropecuaria al mercado externo.

No hay cálculo conocido sobre el costo de lo acordado para el sector rural, pero tomando las cifras de La Misión Rural e incluyendo únicamente: la inclusión social, acceso a la tierra, formalización de la propiedad, compra de tierras, sostenibilidad ambiental y la inclusión productiva se estaría hablando de $ 153,8 billones de pesos para 15 años, es decir $ 10,3 billones de pesos por año. Aquí surge el interrogante: ¿dónde está esa plata?

El espacio es limitado para hacer un más profundo análisis, pero sí queda claro que lo acordado tuvo un insumo importante como ha sido la Misión Rural que fue un ejercicio juicioso, desarrollado con rigor técnico, lo que da tranquilidad sobre lo que finalmente se acordó en La Habana, a pesar que no se tuvo en cuenta todo lo que plantea.

Finalmente, es muy poco de lo acordado en que se podría estar en desacuerdo, pero en general, no debe existir colombiano que no quiera que se mejore el bienestar de la población rural y es esta una oportunidad si se le dice sí al plebiscito, por el obligatorio cumplimiento que va a tener lo acordado en La Habana.

Luis Arango Nieto,
exviceministro de Agricultura.

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