Luis Arango Nieto

Lo rural y lo acordado en La Habana

Luis Arango Nieto
Opinión
POR:
Luis Arango Nieto
octubre 09 de 2014
2014-10-09 02:07 a.m.
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En lo acordado en La Habana sobre lo rural se presentan, entre otras, estas inquietudes: que fácil es negociar con chequera de otro, en este caso la del Gobierno, que cuenta con problemas presupuestales. El acuerdo contempla innumerables subsidios y elementos gratuitos que no han sido cuantificados. La falta de realismo lleva a incumplimientos.

Este es un acuerdo excluyente, pues lejos de integrar la sociedad rural la está polarizando, en ninguna parte se mencionan a los grandes productores que tienen derecho de permanecer dentro de la sociedad rural con explotaciones eficientes y socialmente sostenibles. Además, pueden convertirse en integradores, como ya lo han demostrado las alianzas.

Se habla de seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es el derecho de los habitantes a tener acceso a los alimentos, independientemente de su origen, y esto está bien. Por otra parte, la soberanía alimentaria significa producir en Colombia todo lo que necesitamos. Además, de ser un imposible, margina al país del mercado internacional, que es la fuente de crecimiento y hace también más costosos los productos para la población.

Se entendería por Zonas de Reserva Campesina a territorios con ecosistemas homogéneos, que permitan la integración productiva y comercial de los habitantes y a su vez sirvan de tapón a la ampliación de la frontera agrícola y, por supuesto, tengan el apoyo de los gobiernos para obtención de bienes públicos, pero al ir más allá da la impresión de que las Farc quieren perpetuar su temeraria influencia sobre un grupo de pobladores.

Se habla de un fondo de tierras y para alimentarlo se menciona:

* Tierras provenientes de extinción judicial de dominio, pero no se aclara las causas como narcotráfico, por tanto, todas las propiedades estarán sujetas a estos procesos por cualquier capricho. Así se presentarán abusos.

* Tierras baldías indebidamente apropiadas y ocupadas. Aunque es cierto que se han presentado atropellos, y hay que corregirlos, también es verdad que el país fue baldío y los colonos fueron los primeros en ocupar muchas tierras, buscando oportunidades de subsistencia, así se inicia una tradición de ocupantes de buena fe de las tierras baldías y esto no debe desconocerse, por el contrario, hay que facilitar la clarificación de la propiedad y titularlas, pues muchas ya vienen pagando impuestos y tienen larga tradición de ocupación.

La retoma indiscriminada de baldíos ocupados con tradición e inscritos en el catastro sembraría una inseguridad jurídica y pararía cualquier desarrollo.

* Tierras inexplotadas por incumplimiento de la función social. ¿Quién define si una tierra está explotada o no? La ausencia de claridad llama a abusos. Alguna vez se trató de averiguar esto con terribles resultados.

* Tierras adquiridas o expropiadas por interés social. ¿Quién define el interés social? Cualquier acción en este sentido requiere mucha transparencia e ingentes recursos.

* Tierras por donación, pero el Gobierno desarrollará las gestiones necesarias, lo que se puede traducir en presiones. El Gobierno no debe gestionar esto.

La política de tierras, así como debe incluir procesos de desconcentración en algunas regiones, debe otorgar seguridad jurídica a zonas como la Altillanura para consolidar su futuro productivo.

Lamentable es que haya corrido tanta sangre para llegar a esto que, en gran parte, venía siendo considerado por la sociedad (Proyecto de Ley de Desarrollo Rural).

Luis Arango Nieto
Exviceministro de Agricultura<QA0>
larangon@gmail.com


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