Hasta 1990 el país fue autosuficiente en la producción de maíz amarillo.
Foto: Archivo Portafolio.co

Para lograr la autosuficiencia en menos de 10 años, hay que darle un fuerte impulso a la comercialización del sector.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, define la seguridad alimentaria y nutricional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.

El mismo Conpes indica un grupo de alimentos básicos que, en los niveles adecuados de disponibilidad nacional, aportarían a la seguridad alimentaria de la nación y se minimizaría la exposición a los vaivenes de los mercados internacionales.

Cualquier déficit de abastecimiento frente al consumo empieza a marcar cierta inseguridad alimentaria.

Considerando la relación entre el consumo y las importaciones como el indicador de dependencia agroalimentaria del país, se podría afirmar que en el 2002 Colombia dependía de las importaciones en un 25,1 por ciento, y en el 2011 dependió en un 27,2 por ciento.

Es de resaltar que por grupos de alimentos, según las tablas de referencia de la FAO, la mayoría se encuentra dentro de la categoría de dependencia baja, es decir, las importaciones son inferiores al 10 por ciento del consumo.

Para el grupo de tubérculos y plátanos el indicador de dependencia es de 0,8 por ciento; carnes, lácteos y huevos, de 5,3 por ciento; frutas y hortalizas, 5,5 por ciento y azúcares, 7,0 por ciento.

Sin embargo, los aceites vegetales muestran un índice crítico del 50,2 por ciento, quizás debido a los bajos precios de los aceites importados. Pero el nivel más preocupante es del maíz amarillo tecnificado que está en 78,8 por ciento, y es inquietante porque dicho cereal es el principal insumo de la avicultura y porcicultura en un país cuyo simple consumo per cápita de pollo ha crecido en un 60,8 por ciento en los últimos diez años.

Hasta 1990 el país fue autosuficiente en la producción de maíz amarillo, sin embargo, desde la apertura comercial de 1991 se generó una disminución progresiva en la producción, la cual se viene revertiendo desde marzo del 2011 cuando se puso en marcha el Plan País-Maíz, con una serie de incentivos que aspiran a lograr que en el 2014 el índice de dependencia baje a por lo menos 71,2 por ciento.

Este plan tiene grandes retos desde la perspectiva comercial y de financiamiento; la comercialización debe evolucionar a unos estadios de mayor formalidad que disminuyan las grandes incertidumbres de los productores en la presiembra con relación al comprador, volumen de compra y precio, en el momento de su cosecha.

Esa falta de certeza limita la disposición a sembrar de los productores del 80 por ciento de la cosecha nacional, quienes son pequeños arrendadores de tierra movidos por sus expectativas del mercado en el momento de la venta de su producción y, por supuesto, por sus posibilidades financieras.

En tal sentido, estos pequeños agricultores tienen dificultad de acceso al crédito bancario por no ser sujetos del mismo, lo cual restringe la ampliación de las áreas sembradas del cereal, y lo que se siembra finalmente se tiende a financiar con las casas de agroinsumos, quienes fían los fertilizantes y plaguicidas que representan el 42,5 por ciento de los costos de producción directos.

En los últimos cuatro años, en promedio, el 90,8 por ciento del valor de los costosos agroinsumos fue financiado a través de estas casas.

Las asociaciones regionales de productores se vienen fortaleciendo, se han abierto líneas especiales de crédito del DRE y Finagro, se trabaja en convenios estratégicos con las cadenas avícolas y porcícolas, entre otras cosas; sin embargo, es importante señalar que para poder lograr la autosuficiencia en menos de 10 años, se ve necesario darle un fuerte impulso a la comercialización del sector por medio de instrumentos que permitan a las asociaciones de productores vender con certeza a compradores específicos con fechas, cantidades, calidades y precios determinados.

Las asociaciones que agrupan un gran número de maiceros que no son sujetos de crédito por falta de garantías reales, podrían suscribir estos contratos a plazo y acreditarlos como la garantía básica a los bancos para lograr tener acceso a los recursos de la siembra.

En esta dirección, los forward y los futuros lograrían su propósito central de generar la liquidez y cobertura a los productores y compradores de los commodities.

Para que esta vía de dinamización del Plan País-Maíz se dé, es necesario la disposición y el trabajo conjunto de todos los involucrados en este eficiente esquema de comercialización y financiación, especialmente los gremios y los bancos.

De esa forma, se lograría fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, avanzando sistémicamente en la cultura que debería orientar la estrategia competitiva de cualquier agricultor: vender formalmente antes de sembrar.

Iván Darío Arroyave Agudelo

Presidente Bolsa Mercantil de Colombia.