Manuel José Cárdenas

¿Acuerdo comercial incompleto?

Interesa examinar la forma en que se produjo este acuerdo.

Manuel José Cárdenas
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Manuel José Cárdenas
mayo 09 de 2011
2011-05-09 01:15 a.m.
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Como es sabido, Venezuela comunicó por escrito el 22 de abril del 2006 a las autoridades andinas su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena. Según lo previsto en el Art. 135 de este documento, a partir de la comunicación de la denuncia cesaron para el denunciante los derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro del acuerdo, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecieron en vigencia por un plazo de 5 años a partir de la denuncia.

Al cumplirse el pasado 22 de abril este plazo de 5 años, los países miembros de la CAN y Venezuela acordaron mantener las preferencias arancelarias de manera temporal hasta que se celebren y entren en vigencia los acuerdos bilaterales permanentes que suscriban entre ellos.
Interesa examinar la forma en que se produjo este acuerdo y la manera como se decidió incorporarlo en el derecho interno de los países miembros de la CAN y de Venezuela.

En el primer caso, a pesar de que se trata de un acuerdo comercial temporal, no existe un convenio escrito, sino la decisión de las partes de prorrogar las preferencias. Este vacío jurídico crea dificultades sobre la forma como se debe incorporar este compromiso en el derecho interno de los países que lo acordaron.
Venezuela, para dar forma jurídica a esta decisión política, expidió el Decreto 8.160, prorrogando las preferencias por 90 días a partir del 23 de abril.

Por su parte, los países miembros de la CAN, entendiendo que se trataba de un acuerdo comercial, con base en la Decisión 458, que regula las relaciones comerciales de la CAN con terceros países, aprobaron la Decisión 746, por medio de la cual acordaron mantener vigentes, de manera temporal y recíproca, las preferencias arancelarias previstas en el Art. 135 del Acuerdo de Cartagena a las importaciones originarias de Venezuela, aclarando que cada país miembro aplicará esta disposición hasta la entrada en vigor de un acuerdo comercial bilateral suscrito entre el país andino y Venezuela.

Con la aprobación de la Decisión 746, los países andinos aspiran a poner en vigencia este compromiso en su territorio sin expedir normas internas, invocando el Art. 3 del Tratado Constitutivo de Tribunal Andino de Justicia, que establece que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. Esta publicación se hizo en la Gaceta 1941 del 27 de abril.
En el caso colombiano hay que considerar si basta la publicación de la Decisión 746 en la Gaceta Oficial de la CAN, o si, por tratarse de una decisión que rebasa las competencias del Consejo de Ministros y la Comisión, pues se refiere a un acuerdo comercial no suscrito dentro del ámbito de validez jurídica de la CAN, requiere que este último se incorpore al derecho interno colombiano sometiéndolo a los procedimientos constitucionales que exigen la ratificación del Congreso, con base en lo dispuesto en el ordinal 16 del Art. 150 de la Constitución. De igual manera el Gobierno, con base en el Art. 224 de la Constitución, por tratarse de una cuestión comercial, puede ponerlo provisionalmente en vigencia. El debate queda abierto.

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