Manuel José Cárdenas

Jurisdicción Especial para la Paz

Manuel José Cárdenas
Opinión
POR:
Manuel José Cárdenas
marzo 13 de 2016
2016-03-13 09:07 p.m.
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Como es sabido, la justicia transicional busca enfrentar un conjunto de violaciones masivas a los derechos humanos, derivadas de guerras o dictaduras que no son posibles sancionar con penas ordinarias, sino que requieren mecanismos especiales de justicia. Con este objeto, el Gobierno negoció con las Farc un acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por las competencias que se le asignan al tribunal para la paz –que implican un ejercicio soberano de las funciones penales y disciplinarias del Estado, incluido el poder vinculante de sus decisiones y la superioridad de las mismas frente a las que toman otras autoridades respecto a los mismos temas–, algunos consideran que la JEP tendrá atribuciones supraconstitucionales que desconocen la Constitución de 1991 y la separación de poderes.

El consejero presidencial, Sergio Jaramillo, le ha restado importancia a estas inquietudes y ha hecho un llamado al país para que no se caiga en discusiones jurídicas, que considera “falacias constitucionales”, las cuales, en su opinión, nada aportan al proceso de paz. Sin embargo, el tema no es de poca monta, porque todo proceso de paz debe ser jurídico, sino se quiere que sea una vana perturbación política.

Afortunadamente, Manuel José Cepeda, uno de los autores de esta iniciativa, ha salido a aclarar que la JEP será creada por los procedimientos previstos en la Constitución de Colombia. Esta afirmación plantea la necesidad de precisar cuáles son esos procedimientos. Ciertamente no son los existentes, ya que es necesario crear una nueva jurisdicción especial, exclusiva para conocer los delitos relacionados con el conflicto armado y resolverlos de acuerdo con los criterios de la justicia transicional.

Para dar estabilidad jurídica, debe ser un tribunal de cierre que impida que los procesos puedan ser reabiertos posteriormente por otros tribunales. Tratándose de una jurisdicción extraordinaria y excepcional, debe ser transitoria y tener un plazo para el ejercicio de sus funciones. Esto debe quedar explícito en el acuerdo.

El procedimiento que se utilizó en el 2012 para permitir la justicia transicional fue el Acto Legislativo 01 de ese año, que facultó al Congreso a expedir leyes estatutarias. Al no ser aceptado por las Farc, y habiéndose negociado la JEP, el Gobierno presentó a consideración del Congreso un nuevo proyecto de acto legislativo para poner en vigencia este acuerdo, que aún está en trámite y pendiente de aceptación por las Farc. (Hay quienes dicen que las Farc también lo van rechazar y quieren que el desarrollo de los acuerdos se hagan en la mesa de negociaciones en La Habana).

El proyecto de acto legislativo propone dos tipos de herramientas para el desarrollo normativo de los acuerdos que se aplicaran a la JEP, según la naturaleza jurídica de cada uno de los compromisos adquiridos. Primero, se prevé un procedimiento legislativo especial, más ágil que el normal, cuando se trate de normas que requieran reformas constitucionales o leyes. Segundo, otorga facultades al Presidente de la República para poner en marcha las medidas de estabilización inmediata en los territorios y para la creación del marco normativo ordinario, necesario para una rápida y efectiva implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo que crea la JEP.

Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
emece1960@yahoo.com

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