Manuel José Cárdenas

Dudosa estrategia

Manuel José Cárdenas
Opinión
POR:
Manuel José Cárdenas
febrero 16 de 2015
2015-02-16 01:00 a.m.
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El 29 de diciembre del año pasado el Gobierno de Ecuador, mediante la Resolución 050-2014 del Comité de Comercio Exterior, estableció una salvaguardia cambiaria consistente en un derecho aduanero ad valorem al 7 por ciento para los productos originarios de Perú y del 21 por ciento para los productos originarios de Colombia, aplicable a las mercancías cuyas declaraciones aduaneras fueran presentadas a partir del 5 de enero del 2015 en adelante. Esta decisión se tomó sin contar con la autorización previa de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como lo establece el Artículo 89 del Acuerdo de Cartagena (CAN).

Aunque los gobiernos de los tres países acudieron a la Secretaría de la CAN –Ecuador para que se le autorizara la aplicación de la salvaguardia y Colombia y Perú para que se rechazara–, el hecho fue que no esperaron la decisión de la Secretaría, sino entraron en conversaciones bilaterales para tratar de resolver el problema. Esto se hizo, en el caso colombiano, a pesar de que no se reunían los requisitos para su aplicación: no se trataba de una devaluación competitiva, era el resultado de causas exógenas al Banco de la República, no había sido efectuada por el Gobierno de Colombia y no estaba demostrado el perjuicio.

Como resultado de estas conversaciones, Ecuador acepto excluir 160 productos que importa desde Colombia y Perú del pago de los impuestos del 21 y 7 por ciento, respectivamente. (Resoluciones 002 y 005 del Comex). Ecuador anunció que a más tardar el 23 de febrero establecería un régimen definitivo.

Finalmente, el 7 de febrero la Secretaría emitió su pronunciamiento definitivo, con base en la Resolución 1762, en la que denegó la autorización a Ecuador para aplicar las medidas previstas en esta cláusula de salvaguardia, ordenó al Gobierno ecuatoriano su levantamiento de manera inmediata y a que estableciera mecanismos para la devolución a las empresas afectadas por el pago efectuado por concepto de la aplicación de las mencionadas medidas a partir del 5 de enero del 2015.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador expreso su rechazo a esta resolución considerando que dicho pronunciamiento excede las competencias que le confiere el Acuerdo de Cartagena, que es el de emitir dictámenes no vinculantes en materia de salvaguardia cambiaria. Anunció la impugnación de esta resolución ante el Tribunal Andino de Justicia y ratificó que respetará los resultados de las negociaciones y compromisos asumidos con Colombia y Perú y, en tal sentido, continuará evaluando la posible sustitución de la salvaguardia cambiaria por otras medidas de carácter multilateral.

En estas circunstancias, Colombia, como consecuencia de esta dudosa estrategia, se encuentra en el peor de los mundos: exige a Ecuador el cumplimiento de la Resolución de la Secretaría de la CAN, que es la que más le favorece y que es de aplicación inmediata, o acepta lo que le esta ofreciendo Ecuador, que se limita a no aumentar los derechos ad valorem para 160 partidas del arancel, pero sí para el resto. Evidente, el diálogo bilateral, basado en un supuesto pragmatismo y eficiencia para resolver los problemas bilaterales, ignora el respeto al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, atenta contra la zona de libre comercio que ya se está perfeccionada y desaprovecha las ventajas que este ofrece para resolver los conflictos comerciales bilaterales.

Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
emece1960@yahoo.com
 

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