Manuel José Cárdenas
columnista

El plebiscito y la anormalidad constitucional

Manuel José Cárdenas
Opinión
POR:
Manuel José Cárdenas
junio 26 de 2016
2016-06-26 06:11 p.m.
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Varios países han incluido en sus diseños institucionales la figura de cortes o tribunales constitucionales. Colombia lo hizo desde 1910, en virtud del Acto Legislativo No. 3 de ese año, que le otorgo a la Corte Suprema de Justicia la facultad de decidir sobre la exequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales.

Pero fue la Constitución Política de 1991 la que creo una nueva ‘jurisdicción constitucional’ en cabeza de la Corte Constitucional. Para los abogados, la instauración de un organismo autónomo que vigile y supervise el sometimiento de la normativa legal a la arquitectura constitucional, conlleva al reforzamiento de la seguridad jurídica. Para los politólogos, tal enmienda aumenta el número de actores con capacidad de incidencia sobre la dirección y curso que tomarán las políticas públicas. Desde la mirada del jurista, se habla de jueces constitucionales; desde la óptica del politólogo, se piensa en jugadores con veto (George Tsebelis: Jugadores con veto: cómo funcionan las instituciones políticas, 2002).

El jugador con veto busca mantener la estabilidad política, la cual se entiende como el statu quo, es decir, el mantenimiento de un ordenamiento político determinado. Sin embargo, no hay que descartar que, en caso de anormalidad constitucional, se puedan hacer cambios que no respeten los procedimientos para modificar ese orden jurídico preestablecido.

Así lo ha expresado la Corte Constitucional respecto a la Constitución del 91, al no haberse aprobado esta última por el Congreso, sino por una Asamblea Constituyente: “La Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano. Su fuerza jurídica era fáctica, pues provino de un hecho político fundacional, más no jurídico. Ella actuó, no por orden de la Constitución de 1886 y sus reformas, sino por fuera de ella, contra ella, por disposición directa del pueblo, en un periodo de anormalidad Constitucional.

En este sentido, la comprensión del proceso colombiano de reforma está en el concepto de anormalidad constitucional; y este concepto solo puede ser definido políticamente por ser acto fundacional, pues se refiere a un presupuesto del derecho que todavía no es jurídico”. Más adelante, sobre su validez: “Cuando una Constitución es reemplazada por otra que termina siendo eficaz no tiene sentido cuestionar su validez. En este caso las condiciones de lo verdadero y lo falso, de lo válido y lo inválido, de lo legal y lo ilegal, son otras. Por lo tanto, carece de razonabilidad todo análisis que suponga una continuidad lógica-jurídica” (Auto de la Corte Constitucional del 3 de marzo del 2002, por medio del cual rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la Constitución de 1991).

Casos de anormalidad constitucional se han presentado en Colombia, además del anteriormente citado, en 1957, cuando al no existir el Congreso, que era el órgano señalado por la Constitución de 1886 para realizar las reformas constitucionales, fue necesario acudir a un plebiscito. Y se presenta ahora, cuando al no existir un instrumento adecuado para refrendar los acuerdos de paz en La Habana, ha sido necesario, mediante una ley estatutaria, diseñar un plebiscito especial, que solo se aplica para este caso, tiene fuerza vinculante y prevé para la aprobación del ‘sí’, un umbral del 13 por ciento, que está por debajo del vigente para otros plebiscitos.

Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
emece1960@yahoo.com

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