La interrelación entre la economía digital y la economía tradicional es cada vez mayor, y es difícil establecer una delimitación entre ambas. Aunque los fundamentos económicos sean en esencia los mismos, el entorno de la economía actual, dependiente de internet, cambia de forma rápida y disruptiva, impulsada por millones de personas, dispositivos y objetos conectados que interactúan por distintas redes en línea convergentes.
Hoy las fuerzas motrices de la economía mundial son las máquinas inteligentes, el procesamiento de datos masivos, comercio electrónico, redes digitales y las infraestructuras en las que estas se sustentan. En este nuevo paradigma, la materia prima son los conocimientos y la información, plasmados en millones de bytes, llamados ‘datos digitales’. A medida que la economía digital se vuelve más compleja, diversificada y especializada, ofreciendo nuevos campos para que personas y empresas formulen estrategias, se comuniquen y busquen información, el derecho tradicional es insuficiente para regularla, pues exige formación especializada de los propios abogados.
Al quedar rezagada la actividad legislativa, judicial y regulatoria por la velocidad de estos cambios, es necesario que sea la regulación, por vía contractual, el modo de abordar el acelerado desarrollo tecnológico y mitigar las brechas con el derecho tradicional. De otro lado, la gran cantidad de variables tecnológicas que surgen hacen que la tarea de tratar simultáneamente todos los aspectos del desarrollo tecnológico para su estudio y análisis jurídico, se vuelva casi imposible. Por eso, con un criterio pragmático, como lo esta haciendo el gobierno, a través del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, no se deben regular todos los aspectos de la sociedad digital, sino concentrarse en los centrales y establecer una ‘caja de herramientas’ regulatoria flexible, en la cual los particulares puedan moverse y tener confianza a largo plazo. Igualmente, el sector privado, sin esperar una regulación oficial en estas materias, puede escoger periódicamente algunos temas sensibles y relevantes para definir buenas prácticas y, eventualmente, una autorregulación privada. Esto es lo que esta haciendo el Centro de Estudios Digitales de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, al escoger los asuntos relacionados con la protección de datos, cloud computing, IoT, drones y sistemas de pago electrónico. También podrían considerarse plataformas digitales como Uber y Airbnb.
Además, la mayoría de abogados no están preparados para asesorar a las empresas en una economía digital. Se necesita una revisión de los programas de las facultades de Derecho para preparar profesionales expertos, entre otros temas, en inglés jurídico empresarial y legal internacional, conocimiento del derecho mundial y anglosajón, fiscalidad universal, comercio en la red, conocimientos financieros avanzados, vías de financiación alternativas, entender los modelos de negocio de la economía digital y el valor de habilidades creativas de la industria.