Con motivo del cumplimiento de los cinco años de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se ha reabierto el debate sobre las ventajas y desventajas que acuerdos de estas características podrían significar para el país. Es oportuno recordar que al respecto existieron tres posiciones.
La primera, afirmaba que iban a permitir al país diversificar sus exportaciones y aumentar el número de socios comerciales, lo cual generaría un mayor crecimiento económico. La segunda, sostenía que iban a ser el caos y que Colombia se vería invadida de productos extranjeros, perjudicando su débil estructura productiva. La tercera, entre la cual me encuentro, afirmaba que estos tratados representaban apenas un “horizonte de oportunidades”, y que la posibilidad de aprovecharlas dependería de la aplicación de políticas industriales activas, con el fin de provocar un “cambio estructural” necesario para generar ventajas competitivas internacionales, las cuales no se dan por sí solas, hay que crearlas.
El transcurso de este quinquenio ha demostrado que la tercera posición era la acertada. Si no existe una oferta exportable competitiva, diversificada y con mayor valor agregado, de nada sirve que con los tratados se haya logrado una mayor estabilidad jurídica que la existía anteriormente con las preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por EE.UU. y la Unión Europa, que podrían ser cambiadas en cualquier momento, ni que contemos con una mayor cobertura para la libre exportación de bienes y servicios. Estas debilidades explican que, en el caso de EE. UU., la balanza comercial para Colombia se haya vuelto negativa desde el 2014, que en cinco años las exportaciones de productos diferentes al petróleo apenas hayan crecido 12,3 por ciento, pasando de 3.415 millones de dólares en el 2012 a 3.836 millones en el 2016.
Si bien es cierto que en Colombia ya se ha tomado conciencia de que diversificar las exportaciones a partir de los TLC con base en un concepto estático de ventajas competitivas no es suficiente, y que es necesario implementar políticas activas, las aplicadas en el país tienen varias limitaciones. Aunque existen programas de apoyo (Política de Desarrollo Productivo, Programa de Transformación Productiva, ProColombia, Bancóldex, Vive Digital), contemplan en muchos casos acciones descoordinadas, repetitivas y contradictorias.
Esas acciones fueron identificadas en 41 encuentros regionales y buscan impactar la productividad de 2.244 empresas en aspectos tradicionales como ventas, mercadeo, calidad y logística, pero no ponen el énfasis adecuado en los aspectos relacionados con la transformación digital, que implica una ola de cambios profundos que hacen que los procesos productivos nunca volverán a ser como antes. La proliferación de software en la nube, aplicaciones e inteligencia artificial, nuevos modelos analíticos, canales disponibles y formas de trabajar van a cambiar las bases de los negocios y el mercado de consumidores, lo que dará a los empresarios más control sobre sus empresas y mayores oportunidades de negocios.
Teniendo en cuenta que la más reciente encuesta de opinión de la Andi encontró que el 56 por ciento de los empresarios aún se identifica con cuarta revolución industrial –como también se conoce estas nuevas tendencias– y que solo el 25 por ciento ha comenzado a hacer uso de ellas, la prioridad de las políticas gubernamentales debería centrarse en estas.
Los TLC y la transformación digital
Si no existe una oferta exportable competitiva, diversificada y con mayor valor agregado, de nada sirve una mayor estabilidad jurídica.
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