Con la creación del Sistema Nacional de Competitividad, en el 2007, posteriormente ampliado a la tecnología y la innovación, se creó un marco institucional público-privado, tanto a nivel nacional como departamental.
Sin embargo estas políticas industriales y tecnológicas (conocidas también como de desarrollo productivo) no han sido efectivas para generar la transformación que el país necesita. El problema es que las exportaciones primarias de bajo valor agregado siguen siendo determinantes en la canasta exportadora del país y que la capacidad para hacerla más sofisticada no solamente no ha aumentado, sino que se ha venido reduciendo.
Ambos resultados están asociados en la medida en que el boom minero energético indujo a una apreciación cambiaria persistente que desestimuló los nuevos emprendimientos de mayor valor agregado. Pero la razón de la falta de efectividad de estas políticas es aún más negativa. El hecho es que Colombia no ha sido capaz de implementar una política industrial activa y deliberada a un nivel que permita impulsar cambios estructurales relevantes.
Como lo sostiene la Cepal en su reciente publicación sobre políticas industriales y tecnológicas en América Latina (2017), es urgente cambiar las políticas aplicadas actualmente y avanzar en la dirección de un nuevo modelo que promueva la productividad y sea sostenible en lo ambiental e inclusivo en lo social. Una transformación de esta naturaleza debe centrarse en la política industrial y hace necesario repensar estas políticas de una forma más vigorosa que en el pasado. En el mencionado documento se hace una reflexión, a nivel conceptual, de las teorías que ayudan a entender el rol de la política industrial en el desarrollo en una era de revolución tecnológica.
En este sentido, se destaca la necesidad de adoptar urgentemente políticas fiscales expansivas, porque la política monetaria y la expansión cuantitativa (quantitative easing) ya han agotado su capacidad de estimular la economía; reorientar los esfuerzos de inversión, basados en este mayor activismo fiscal para cambiar los patrones energéticos, hacer los sistemas de transporte ambientalmente sostenibles y fortalecer una mayor inversión estratégica en ciencia, tecnología e innovación para superar el atraso con el resto del mundo.
El retorno hacia políticas activas se debe a la aparición de problemas derivados de la adopción acrítica de modelos teóricos que terminaron por debilitar fuertemente al Gobierno para intervenir en las políticas productivas y destruyeron capacidades productivas y tecnológicas. Desde la perspectiva de la Cepal, la política industrial debería ser selectiva y sectorial, favoreciendo a sectores y cadenas productivas, lo cual bien puede hacerse por la selección de sectores (Ex- ante) o por la estructura de oportunidades o incentivos existentes (Ex - post). Estos cambios serian graduales y subordinados a la dotación de factores y capacidades que existen en la estructura productiva de cada país.
Superar esa situación implica apuestas más ambiciosas hacia nuevos sectores y por lo tanto políticas que no se limiten a mejorar el entorno de negocios, generar alianzas con el sector privado y mejorar el funcionamiento de algunos mercados.
Para ello se requiere una política industrial activa y orientada por objetivos, más que por la resolución de fallas de mercado, que tenga en cuenta también el fenómeno de la digitalización de la manufactura y sus tecnologías asociadas, las cuales se amparan bajo el nombre de Industria 4.0.