Determinar la estructura de la administración pública es vital para entender cómo opera el Estado con base en sus parámetros constitucionales y dimensionar sus procesos administrativos en lo relacionado con la normatividad legal. Estos elementos fijan el marco en que el Estado debe dar respuesta a las dinámicas sociales, económicas, políticas nacionales e internacionales para poder competir con éxito ante las exigencias de un mundo cada vez más integrado.
Fue gracias a la visión de estadista del doctor Carlos Lleras Restrepo, que se introdujeron por primera vez en Colombia, en la Reforma Constitucional de 1968, normas estructurales de estas características sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. En 1989, mediante la Ley 489 de ese año, se hizo un esfuerzo similar, aunque de menor importancia. Con base en esta estructura se reorganizaron los ministerios y demás reparticiones nacionales del Estado.
A partir de ahí la creación y supresión de ministerios se ha hecho sin tener una visión que comprenda este enfoque global. Así, por ejemplo, en el 2002, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se suprimieron y fusionaron varios ministerios y otras dependencias administrativas, solo por razones presupuestales. Bajo ese criterio, la cartera de la Justicia se integró con la del Interior, los ministerios de Trabajo y Salud se unieron en el de Protección Social, y el de Medio Ambiente asumió funciones en temas de vivienda y desarrollo territorial. En el 2010, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se reversaron varias de esas decisiones y se crearon nuevamente las carteras de Trabajo, Salud, Justicia, Interior, Vivienda y Medio Ambiente.
Ahora, los candidatos a la presidencia de la República han propuesto a la creación de nuevos ministerios. Vargas (familia, turismo y deporte); De la Calle (turismo, de la mujer, de la inteligencia, de ciencia y tecnología), y Fajardo (educación, ciencia y tecnología). El único candidato que no ha propuesto la creación de nuevos ministerios es Iván Duque, con la tesis de que de nada sirve su creación si no se les da más recursos para su funcionamiento.
Sería oportuno, que, en esta ocasión, antes de pensar en la supresión o la creación puntual de nuevos ministerios, se realizara –así como se hizo en 1968 de acuerdo con las realidades de este momento– una reforma integral de la administración pública que atienda a las necesidades de un mundo digital y globalizado, y que estuviera acompañada por una adecuada coordinación intergubernamental entre diferentes niveles de gobierno, que hoy andan como ruedas sueltas.
El trabajo que hay que realizar al respecto es inmenso y no pueden limitarse a una visión simplemente de carácter vertical. En realidad, existen múltiples dimensiones (política, técnica y jurídica), participativa y concertada, vertical y horizontal, y de diferentes alcances (macro, meso y micro), que involucran distintos actores y sectores con el fin de articular esfuerzos, crear sinergias que favorecen el logro de objetivos estratégicos, evitar duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público para que sean realizadas de forma racional y ordenada.
Este enfoque hace posible la información recíproca, el equilibrio técnico y la acción conjunta de la autoridad en el ejercicio de sus respectivas competencias, para conseguir la integración del conjunto del sistema.