La difícil situación económica que atraviesa el país ha reabierto el debate sobre la falta de una visión estratégica a largo plazo. Se acusa de esta situación a los centros de pensamiento privados y, sobre todo, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), creado en 1958, en el gobierno de Alberto Lleras, para impulsar una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del “diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas”, el “manejo y asignación de la inversión pública”, la “definición de los marcos de actuación del sector privado”, y la “concreción” de los mismos en planes y programas gubernamentales.
Está previsto que esa visión de largo plazo debe quedar definida cada cuatro años, en el Plan Nacional de Desarrollo, correspondiéndole al DNP no solo su elaboración, sino la vigilancia del cumplimiento de las estrategias propuestas y su monitoreo.
Desafortunadamente, en los últimos años se le han venido colgando al DNP un conjunto de acciones y programas que desvirtúan esta función fundamental de planear el largo plazo, y lo obligan no solo a pensar en el corto plazo, sino a involucrarse en la ejecución de los mismos.
Basta recordar que, como entidades adscritas, tiene a la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación. Y vinculadas tiene al Sisbén y Fonade. A ello hay que agregar que la entidad se ha dedicado, en los últimos tiempos, a estudiar y viabilizar proyectos de alto impacto regional, una tarea crucial, pero que le ha cambiado su centro de gravedad, como son el manejo del Sisbén, la administración de las regalías y la regionalización con un criterio de descentralización diferenciada.
Todo ello ha contribuido a que hayan recibido menor impulso las políticas de largo plazo, a través del cumplimiento de los objetivos y estrategias propuestas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: ‘Todos por un nuevo país’, con el fin que en los próximos años el crecimiento del país esté fuertemente sustentando en una mayor productividad. La Política Nacional de Desarrollo Productivo, contenida en el documento Conpes 3866, aprobada en agosto del 2016, que contiene un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación –que inhiben el crecimiento de la productividad o dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano–, no solo no se han cumplido plenamente, sino que cuenta con programas sectoriales que, en muchos casos, van en contravía de la misma.
Otro hecho que ha llamado la atención son los limitados recursos que cuenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) para cumplir su labor de monitoreo, la cual es esencial para garantizar que el Plan Nacional de Desarrollo no se quede escrito. Ante la evidencia de que el país requiere un nuevo DNP, sería importante hacer una reflexión de fondo sobre cuál es el papel que debe desempeñar en el futuro, para que se centre en la planeación a largo plazo y abandone la ejecución de los programas específicos, los cuales deberían ser competencia de los ministerios sectoriales.
Reflexiones sobre el DNP
La difícil situación económica que atraviesa el país ha reabierto el debate sobre la falta de una visión estratégica a largo plazo.
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