María Luisa Chiappe

El incumplimiento se premia

María Luisa Chiappe
Opinión
POR:
María Luisa Chiappe
noviembre 13 de 2015
2015-11-13 04:15 a.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/19/56c7bb505af69.png

La decisión adoptada por el Gobierno de elevar las tarifas de energía, con el argumento de garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico durante la coyuntura de ‘El Niño’, constituye un atropello a los consumidores. Ya habíamos pagado por dicha confiabilidad la suma no despreciable de ocho mil millones de dólares en los últimos diez años.

No solo se trata de una medida inequitativa, sino de un premio al incumplimiento de unas pocas plantas. Estas se declararon incapaces de entregar al sistema la energía convenida a cambio de los recursos recibidos, exclusivamente, para que estuvieran disponibles en el momento y por el tiempo que las condiciones climáticas lo exigieran. Este salvamento de empresas con recursos de los consumidores, incentiva la irresponsabilidad en el sector eléctrico, o el denominado ‘riesgo moral’, que se presenta en los contratos cuando una de las partes tiene alicientes para faltar a sus obligaciones, o incurrir en riesgos excesivos, porque las consecuencias se pagan -total o parcialmente- con recursos ajenos.

Por esta razón, es tan cuestionable que los gobiernos ofrezcan ‘redes de salvamento’ a las entidades privadas con el fin de evitar situaciones catastróficas. Es precisamente lo que ocurre en el sistema eléctrico, a causa de las medidas recientemente adoptadas, bajo la amenaza, inaceptable, de unas pocas empresas, que, en condiciones hidrológicas adversas, adquieren una influencia desproporcionada y cuestionable en el mercado de energía, y en las decisiones de políticas públicas.

Cuando firmaron los contratos de Cargo por Confiabilidad para el 2015, las empresas eran conocedoras del riesgo que asumían y sabían que sus costos superaban el precio de escasez -precio máximo permitido en bolsa-, como ha sucedido durante los últimos años. Debe recordarse que para asignarles el Cargo, en su calidad de plantas existentes, las autoridades efectuaron auditorías con el fin de verificar la capacidad de producción de sus equipos. También revisaron los contratos de suministro de combustible y así confirmaron que tendrían la disponibilidad suficiente para atender su compromiso.

Cobrar a los consumidores por la falla de estas empresas y extender a las demás generadoras los beneficios de las mayores tarifas, no era la única opción que tenía el Gobierno para afrontar esta situación. La normatividad ofrece una batería de instrumentos, que van desde hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, multas, devolución de las sumas recibidas para retornarlas a los consumidores, hasta intervención por parte de la Superintendencia de Servicios, la cual puede entregar a un administrador competente la generación de energía, por lo menos mientras persiste la necesidad en el mercado.

En lugar de aplicar las medidas previstas, el Gobierno extendió a los usuarios los costos del salvamento, pero no se detuvo en el aumento de tarifas. Adicionalmente, prolongó por tres años el Cargo por Confiabilidad para las mismas empresas que faltaron a sus compromisos, otorgando un premio adicional inexplicable, tal como quedó consignado en la Resolución Creg-177. Y nuevamente a cargo de los consumidores.

María Luisa Chiappe

Presidenta Asoenergía

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado