María Mercedes Moreno
ANÁLISIS

La coca nuestra

Colombia debe desarrollar estudios, así como programas
pilotos que le revelen cómo tomar las riendas de esta cadena productiva.

María Mercedes Moreno
Opinión
POR:
María Mercedes Moreno
junio 09 de 2016
2016-06-09 08:05 p.m.
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Lo que se puede decir sobre la pasada Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass), realizada en Nueva York para discutir las políticas de drogas, es que el único consenso es que ya no hay consenso, y que los países reformistas tienen que maniobrar por cuenta propia. Uno de los grandes logros de la convocante delegación colombiana fue incorporar la necesidad de “garantizar que las medidas que se adopten para prevenir el cultivo ilícito y erradicar las plantas utilizadas para la producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas respeten los derechos humanos fundamentales, tengan debidamente en cuenta los usos lícitos tradicionales –cuando existan datos históricos sobre estos– y la protección del medio ambiente”.

Los avances internacionales de facto en el tema de consumo y reducción de daños para los usuarios son notables. En Colombia, las reformas se han dado más por la vía judicial que legislativa. La Sentencia C-491/12 enfoca las sustancias sintéticas que no abarca la obsoleta Ley 30 de 1986, y es la Corte Suprema de Justicia la que dictamina que la cantidad destinada a uso personal está ligada a las condiciones del consumidor.

El gobierno Santos entiende claramente que la paz también se tiene que construir con las plantas y drogas hoy ilícitas, para acabar con las economías ilegales que perpetúan el conflicto. El dilema es que la corrupción y reconversión del narcotráfico a actividades como el despojo de tierras, ganadería extensiva y la minería ilegal generan mayores ingresos, riesgos, daños y pérdidas para el país que el narcotráfico.

Los megaproyectos, la contrarreforma agraria por las Zidres, la privatización y venta de los recursos naturales y empresas públicas –así sea para financiar el desarrollo y posacuerdos– son contraproducentes, pues están permitiendo que la corrupción y reconversión del narcotráfico siga su curso. Si bien se requieren políticas de resiliencia que equilibren desarrollo y sostenibilidad, el mayor potencial del país está en sus recursos naturales, energías renovables, soberanía alimentaria y comercio justo con los frutos de su biodiversidad.

La coca es parte de la biodiversidad colombiana. Es un legado natural y cultural exclusivo de la región andinoamazónica, nefastamente convertida en monocultivo por el narcotráfico. Es una planta con tanto o más potencial comercial que el café por su exclusividad y valores nutritivos y medicinales.

Su explotación comercial pasa por su reglamentación. La reciente regulación de la marihuana medicinal acabó favoreciendo a grandes corporaciones (extranjeras) en detrimento de una explotación comercial del pequeño cultivo casero y campesino articulado al Estado. Afortunadamente, no fue la coca la que se reglamentó, pues hubiese sido un traspié irreversible.

Decía José María Samper, en 1884, justo antes de que los holandeses se llevaran la coca para su colonia de Java y la cocaína para sus laboratorios, cuando ambas eran legales: “la coca es para América una gran fuente de riqueza y esperanza. Riqueza como producto apetecible y de amplia exportación”.

En Colombia, la coca ha sido cultivada históricamente por los campesinos, que, como la gran mayoría de los colombianos, son mestizos. Es a favor de este uso histórico del mestizaje campesino que se debe reglamentar su producción comestible, medicinal y agroecológica.

No obstante, la coca no se puede reglamentar sin consideración de sus derivados, la cocaína y la pasta base (PBC/basuco). Las convenciones reconocen a la cocaína los usos medicinales que no consideran en la coca, y el argumento en contra de la planta es la cocaína.

La cocaína es un bien de consumo recreativo para más de 21 millones de ciudadanos funcionales en el mundo. Es una medicina que sirve, entre otros, para tratar la depresión, el TDAH, el glaucoma, el acné, el dolor de espalda y la obesidad. Es un anestésico útil en las cirugías dentales y oculares.

Su desprestigio es producto de intereses que desvían la ciencia y evidencia, y su uso noble o nocivo depende de su dosificación y calidad. Sin regulación nacional, Colombia seguirá librando esta guerra, mientras los laboratorios de los países que la prohíben preparan y venden cocaína legal.

El derivado más complejo de la coca es el PBC, que se procesa fácil. Su consumo es difícil de autogestionar y genera serias repercusiones sanitarias por las condiciones en las que viven sus usuarios, que son mayoritariamente desfavorecidos y la consumen por esas mismas condiciones de desamparo, su accesibilidad y la desregulación que los ha convertido en blanco fácil.

La coca es nuestra para aprovechar, pero la cocaína y el PBC también son nuestra responsabilidad. Colombia debe desarrollar estudios científicos y económicos y programas pilotos que le revelen cómo tomar las riendas de esta cadena productiva, cuya ilegalidad impacta adversamente a millones de personas.

Para reglamentar la coca se requieren fórmulas para mantenerla (patentar) como arbusto de explotación exclusivamente andina; incorporar en su industrialización a los cientos de miles de campesinos que hoy viven de ella en las zonas de las que es endémica; desarrollar estudios y laboratorios estatales para la preparación de cocaína medicinal en condiciones menos nocivas para el medioambiente (inicialmente para el mercado nacional y con miras a un manejo sin ánimo de lucro propagandístico del mercado recreativo); fortalecer y replicar los Camad, únicos en el mundo dirigidos a desarrollar conocimientos a través del contacto directo con los usuarios de basuco en condiciones de marginalidad.

La reglamentación articulada de estos procesos permitirá cimentar la paz con una economía legal incluyente y resiliente.

María Mercedes Moreno
Coordinadora, Colectivo MamaCoca

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