Las personas que están bajo los efectos de sustancias psicoactivas son conscientes y responsables de lo que hacen, puesto que su consumo es un asunto intencional, de libre albedrío.
No obstante, aunque drogas como el alcohol y el tabaco se dan por lícitas con derecho al enriquecimiento comercial y propaganda para estimular su consumo, jurídicamente, subsiste el absurdo de que, ante el acto deliberado y voluntario de ingerir licor a sabiendas de antemano de sus efectos, el consumidor se pueda declarar no responsable penalmente de sus actos “por carecer de discernimiento, intención y libertad”.
Con el tabaco se han dado avances jurídicos para impedir los daños a terceros sin coartar la libertad individual, como el derecho a fumar, pero no al humo pasivo. Gracias a su regulación, se conocen los efectos del licor adulterado y de la adulteración legal del tabaco, y se lucha por proteger la salud del consumidor, y, obvio, la economía legal de la industria manufacturera.
Entretanto, la desregulación de ciertas sustancias hace que la norma sea su adulteración y que los efectos reales, tanto de las sustancias como de los cortes, sean variables desconocidas. Sin ciencia los efectos de esas sustancias no reguladas, que no caen jurídicamente bajo el libre albedrío y comercio, siguen siendo asunto de especulación.
Estas plantas y sustancias proscritas, que lo que están es sentenciadas y no reguladas por la ley, existen en un limbo que favorece la propagación del mercadeo ilegal de sustancias cada vez más químicas y desconocidas.
Sobre plantas ancestrales, como la coca, y sustancias como la cocaína y el basuco, declaradas ilícitas al azar y sin consideración de si son más o menos dañinas que las lícitas, ‘gozamos’ de un desconocimiento absoluto y, gracias a ello, podemos especular, inventar escenarios, diseñar políticas a servicio de intereses ajenos y/o particulares, librar guerras, matar y culpar en su nombre.
Es así que ese discurso que vincula automáticamente basuco con criminalidad, aunque no tiene sustento científico, ha sido puesto al servicio de la estigmatización y agudización de la marginalización social de sectores que incomodan.
No es cierto que las drogas inciten a la criminalidad. Se delinque por maldad, idiosincrasia, psicopatía, crianza, entorno, sometimiento, estado de necesidad…, no por ser consumidor de SPA.
Con la noción de que el que está borracho es libre de consumir, pero no de responder por sus actos; y que el que consume ‘drogas’ de uso ilícito no es libre de consumir ni de saber lo que consume, nos enfrentamos a una enorme contradicción jurídica, comercial y de doble moral.
De tal forma, la noción consecuente de que “el que consume asume” está condicionada a un sistema jurídico totalmente arbitrario. Sin embargo, éticamente son tan responsables de sus actos quienes consumen, como responsables de los daños y desconocimiento que quienes han escondido, detrás de su prohibición, el desarrollo científico sobre las plantas y sustancias llamadas ‘drogas’, algunas de las cuales pueden incluso reducir, como bien lo saben muchos legisladores, los efectos como la pérdida de coordinación por el consumo de licor.
Acá se observa su irresponsabilidad. Colombia se ha familiarizado con acoger políticamente a sus traficantes de cocaína. Pero estos, en lugar de propiciar condiciones para el desarrollo de conocimientos sobre esta sustancia que sustenta su riqueza, se han dedicado obtusamente a legislar en su contra para impedir su regulación y ciencia. Los narcos y políticos, en lugar de entablar un diálogo así sea en nombre ‘ajeno’ de los comerciantes de narcóticos, aún a estas alturas, siguen empantanándonos con la violencia concomitante a la negación de las ‘drogas’.
Negación de un mercado de la coca orgánica (detallito sanitario y ambiental que se omitió con la marihuana medicinal) con usos alimenticios y terapéuticos; de alternativas de erradicación productiva con la misma coca, y de un mercado que, en solo coca para cocaína, representaría un alcance a más de 21 millones de consumidores voluntarios que está siendo suplido ilegalmente y por vía de la violencia.
Además del uso medicinal de ‘drogas’, existen, a grandes rasgos, dos tipos de consumo de SPA: el recreativo, esporádico y descomplicado, y el compulsivo y problemático.
El primero abarca a la gran mayoría de consumidores, un estimado 90%. El segundo incluye aquellas personas que ingieren alcohol y se emborrachan hasta quedar sin sentido, o que no viven sin tomar. Incluye asimismo a aquellos consumidores de otras ‘drogas’ que no controlan su consumo y no saben lo que consumen.
Para enfocar con justeza los derechos de todos, lo primero que hay que aceptar es que el consumo voluntario de toda sustancia alteradora de conciencia debe ser libre y regulado por el Estado sin incitaciones al consumo, pero como un acto personal e intencional cuyas consecuencias corren por cuenta del consumidor.
Alguien que tortura, comete estupro, un crimen pasional, asalto a mano armada, ocasiona un accidente estando borracho o trabado no deja de ser él, y no fue su doble, el que ocasionó el daño. Es inadmisible que la ley desconozca el libre albedrío dictaminando “ilícitos” ciertos consumos, y permitiendo que la afectación a terceros por un consumo “legal” se escude tras “estado temporal de locura” o psicosis.
La persona que libremente y con conocimiento de la sustancia misma consume SPA lo hace a conciencia. Si no controla su consumo es su problema de salud y no tiene por qué ser automáticamente objeto de consecuencias legales, ni justificación para su inimputabilidad.
María Mercedes Moreno
Coordinadora Colectivo MamaCoca
Drogas y responsabilidad
La persona que libremente consume SPA lo hace a conciencia. No tiene por qué ser objeto de consecuencias legales, ni se justifica su inimputabilidad.
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