María Sol Navia V.

Estabilidad jurídica e institucional

María Sol Navia V.
Opinión
POR:
María Sol Navia V.
abril 26 de 2016
2016-04-26 08:27 p.m.
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Uno de los aspectos económicos que se ha visto golpeado por el difícil entorno internacional que estamos atravesando, por la caída de los precios del petróleo y otras materias primas, y a la ralentización del crecimiento económico mundial, es la inversión extranjera. Esto puede llegar a afectarnos cada vez más y tener repercusiones en los indicadores de empleo.

Como estos recursos son fundamentales para la estabilidad fiscal, financiera y empresarial del país, repercuten en el empleo, variable crucial para no retornar a los indicadores anteriores de pobreza y buscar el bienestar social en las comunidades. Por tanto, es crítico tener en la mira de las políticas y estrategias del Gobierno las herramientas para atraer esa inversión y no desalentar el ánimo de los inversionistas locales e internacionales.

Entre los factores claves para mantener y mejorar la inversión está la estabilidad jurídica e institucional, la cual se está viendo cada vez más amenazada por muchas causas. Nuestras instituciones son vapuleadas por la corrupción, los intereses politiqueros y las ambiciones personales. Atrás quedaron los tiempos en que los cargos públicos de alto nivel eran un honor y una responsabilidad, no un escalón para subir más alto o lograr fortuna. Los partidos políticos, los órganos de control, la justicia, enfrentan unos índices altísimos de desprestigio y falta de confiabilidad.

La selección del Fiscal debe hacerse con la visión de recuperar la credibilidad de la institución y las personas ternadas requieren reunir probadas capacidades intelectuales, jurídicas y morales, así como total independencia e imparcialidad política, para que el país pueda rehacer la confianza, totalmente perdida, en esta entidad, fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano.

Por otro lado, el tema de la paz y los acuerdos vuelve y juega. La inclusión del Eln en una nueva negociación no parece que vaya a ayudar en el proceso actual. Es posible que las dos organizaciones empiecen a competir por quien logra mayores concesiones, y si ya las acordadas traen niveles inaceptables de impunidad, según organizaciones internacionales y la mayoría del país, ¿qué se puede esperar hacia adelante? Además, puede que en vez de acelerarse los procesos, estos tiendan a dilatarse ante la dificultad de resolver temas complejos con organizaciones que no coinciden en su esquema ideológico, estructura organizativa, dinámica de toma de decisiones e incluso en sus posiciones frente a los graves delitos sobre los que han montado su accionar.

El alargamiento de unas negociaciones que se anunciaron que no durarían más de un año, y ya llevan cuatro, conlleva más incertidumbre para nacionales y extranjeros y dilata la toma de decisiones de inversión frente a un futuro poco claro, no solo sobre el logro de acuerdos y finalización de estos diálogos, sino también acerca de las efectos que se van a derivar de los compromisos allí adquiridos por un gobierno, que, en últimas, solo representa al 13 por ciento de la población que aprueba su gestión. Los cambios en el sistema económico, la administración de justicia, el régimen de propiedad y la protección de derechos, son amenazas que se ciernen sobre nuestra estructura institucional y legal, especialmente cuando oímos las permanentes intervenciones de los miembros de las Farc en la mesa de negociación, exigiendo cada vez más obligaciones de parte del Estado y una sociedad a la que ellos deben todo.

La juridicidad vigente, con defectos y todo, ha sido la base de más de un siglo de desarrollo económico y social, de inversión local y extranjera, de creación de empresas, crecimiento y consolidación de las mismas.

María Sol Navia
Exministra de Trabajo
msol.navia@gmail.com

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