María Sol Navia V.
columnista

La independencia de la justicia

Por debilidad de la justicia, o ausencia de esta, crecen todos los males de una nación: violencia, inseguridad, corrupción y abuso de poder. 

María Sol Navia V.
POR:
María Sol Navia V.
junio 11 de 2017
2017-06-11 03:16 p.m.
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La justicia es el órgano del poder público, que debe fungir como eje central de una democracia, tanto por el principio de independencia de las ramas del poder, estructurado por Montesquieu, y dado por descontado desde esos tiempos, como base fundamental de las democracias, sino, especialmente, porque la justicia es el fundamento de una sociedad con seguridad jurídica, física e institucional.

Por debilidad de la justicia o ausencia de esta, crecen todos los males de una nación: la violencia, la inseguridad, la corrupción, el abuso de poder, la falta de transparencia en los negocios. La confianza es la base del respeto a la institucionalidad y el soporte para hacer empresa, realizar inversiones, generar riqueza y empleo y, desde luego, mantener el orden y la disciplina social.

Esta confianza se pierde cuando un ciudadano común, un funcionario, un empresario, o un inversionista siente que no hay imparcialidad en la aplicación de las normas, y que estas se cambian a discreción de los intereses del gobernante de turno, o que la justicia interpreta su aplicación a la luz de la ideología política, o de otro tipo de intereses de los encargados de aplicarla. Dos ejemplos recientes nos llenan de preocupación, en cuanto a esa independencia y la aplicación estricta de la ley por parte de una justicia, ya cuestionada y mal calificada en nuestro país.

El primero la elección de la magistrada de la Corte Constitucional, jurista respetada, según quienes la conocen y se han referido al caso, pero objeto de injerencia indebida por parte del Ejecutivo en el proceso de su elección, y manipulación por algunos miembros del Legislativo, mediante amenazas, descalificaciones y otras actuaciones, que solo han servido para lastimar sus capacidades y su independencia.

No puede la justicia prestarse, ni las otras ramas del poder intentar poner condicionamientos al ejercicio del sagrado deber de aplicar correctamente las normas y de conservar la imparcialidad, que garanticen a la Nación la ejecución de una pronta y cumplida justicia. Menos, estar al servicio del único objetivo que ha tenido el gobierno: sacar adelante un proceso deficiente, que no fue aprobado y que, de todas maneras, e incluso comprometiendo al poder judicial, quiere imponer.

El segundo caso es el fallo del Tribunal Contencioso de La Guajira contra la empresa privada Promigás, víctima de los desmanes de la misma guerrilla, a través de un miliciano que fue condenado por ocasionar la explosión del gasoducto, hecho sobre el cual la empresa no tenía ninguna responsabilidad, ya que no fue ocasionado por fallas técnicas o atribuibles a la compañía. Sin embargo, dicho fallo declaro “responsables administrativa y extracontractualmente” a Promigas y al Ministerio de Minas por los perjuicios causados a quienes habían instaurado una demanda contra estos, como responsables solidarios de los daños ocasionados por el acto terrorista. Resultando que una empresa privada, víctima de actos terroristas, termina sancionada como victimaria.
El país necesita con urgencia recuperar el respeto por la majestad e independencia de la justicia, y es responsabilidad y compromiso de todos: el Ejecutivo, respetando y acatando sus decisiones y evitando toda serie de pronunciamientos, lobby y presiones orientadas a inmiscuirse en las decisiones de los magistrados, y en la orientación política de su escogencia; el Legislativo, mediante conductas similares, y, desde luego, el Judicial mostrando su criterio, buen juicio, responsabilidad, independencia y, por supuesto, competencia.

De esta manera, la sociedad podrá recuperar la confianza y habrá seguridad jurídica que incentive la inversión.

María Sol Navia
Exministra de Trabajo
msol.navia@gmail.com

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