La triste historia de Venezuela se acerca a los 20 años. En 1999 el coronel golpista Hugo Chávez, gracias a una errónea decisión del presidente Caldera, recibió el indulto que lo liberó de la prisión, asumió la presidencia para imponer el socialismo del siglo XXI. Su modelo de gobierno acabó con la empresa privada, restringió las libertades, inició el proceso de cooptación de los poderes públicos, empobreció al país e impuso un sucesor incapaz, inculto, arbitrario, que termino convertido en dictador.
La situación social y política que vivía el país en esos tiempos, caracterizada por el descrédito de las instituciones y los partidos políticos, la corrupción, llevó a que surgiera ese funesto personaje con propuestas populistas que sedujeron a la población, mientras él tenía total claridad sobre las metas y fines que se proponía. Inicio, así, su camino hacia la adopción del modelo cubano, totalmente fracasado, que llevó a ese pueblo a la miseria y desesperación, al punto que prefería huir enfrentando los riesgos del mar, a vivir en el infierno de la isla.
Frente a los extremos a que ha llegado Venezuela y su oprobioso régimen dictatorial, y sin tocar la crisis económica, de la cual es difícil imaginar cómo va a recuperarse, surgen reflexiones delicadas y trascendentales. Un principio fundamental del derecho internacional y de las relaciones internacionales es el derecho de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de un país. Por otro lado, los derechos humanos emanan del derecho natural y del derecho de gentes y todos estamos en la obligación de respetarlos y defenderlos, y una de las funciones de los organismos multilaterales es propender y velar por el respeto de éstos en los países miembros.
La carta constitutiva de la ONU, en el Artículo 55, consagra entre sus objetivos la promoción de: “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”; similar prescripción está contenida en la Carta Democrática de la OEA.
Está definida la obligación de esos organismos de ocuparse de los derechos humanos en Venezuela, a pesar del conflicto entre el derecho del país a mantener su autodeterminación y el principio de no intervención, y la defensa de los derechos humanos de una población que pasa hambre, es perseguida, torturada, asesinada y no tiene asistencia sanitaria ni recursos médicos para sus problemas de salud.
Está probado que la mayoría de la población no apoya el sistema de gobierno que padece. Gran parte votó contra este y eligió una asamblea opositora, la mayoría voto en contra de convocar una constituyente ilegítima e ilegal, pero el gobierno no reconoce esas mayorías y las reprime, pues tiene el poder de las armas.
Sin embargo, la OEA no ha podido hacer avances efectivos, por la oposición de algunos países que están comprometidos con el régimen por razones económicas o ideologías trasnochadas, y la ONU tampoco ha actuado.
Los derechos humanos en el derecho moderno son fundamentales, y un Estado no puede violarlos impunemente, alegando su soberanía, mientras los demás países se desentienden de la situación. La ONU y su Consejo de Seguridad están en la obligación de tomar acciones efectivas para defender a la población, víctima del autoritarismo, la ambición y corrupción de los líderes de un gobierno ilegítimo.