María Sol Navia V.

Instituciones y seguridad jurídica

María Sol Navia V.
Opinión
POR:
María Sol Navia V.
octubre 08 de 2015
2015-10-08 12:20 a.m.
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En un Estado son fundamentales sus instituciones, así nos lo reiteraron Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, y Tony Judt, en Pensar el siglo XX. Para una democracia estas son la base de la estructura y el funcionamiento mismo de esta. En una y otra obra, nos demuestran cómo los países con instituciones inclusivas y participativas han tenido un mejor desarrollo y mayor equidad que en aquello en los que estas son débiles y excluyentes.

Conjuntamente, con las instituciones y como parte fundamental de la estabilidad y operatividad de estas, la seguridad jurídica se constituye en el requerimiento básico y el presupuesto más importante para que un país sea atractivo para inversionistas nacionales e internacionales.

En los hechos recientes del proceso de paz, surgen algunas inquietudes relacionadas con la posible vulneración de la seguridad jurídica, clave para no afectar la credibilidad en las instituciones –algunas ya están bastante debilitadas- y la confianza en el país de empresarios e inversionistas, que son el pilar sobre el cua descansa gran parte del desarrollo y la generación de empleo.

El proyecto que se está tramitando en el Congreso para hacer más expedita la aprobación de lo que se acuerde en Cuba, busca cambiar las reglas de juego y lo establecido en nuestra Constitución en varios aspectos, como la creación de una comisión especial que ejerza funciones constituyentes y legislativas, desvirtuando el orden de nuestra democracia, al despojar al Congreso de sus funciones y entregarlas a una pequeña comisión, en cuya integración puede no estar representada cabalmente la voluntad popular.

Se propone que la Constitución se reforme en tres debates y no en ocho, que las leyes se tramiten en dos debates y no en cuatro, y que medie la aprobación previa del Gobierno. ¿En dónde queda la representatividad señalada, la participación de las minorías, la expresión de la voluntad popular, reflejada en el Congreso, que a pesar de las falencias que tenga, es el que fue elegido y en el que los ciudadanos esperamos tener voces que representen las distintas tendencias, temores y opiniones?

Lo anterior parece muy riesgoso no solo desde el punto de vista de la constitucionalidad, sino de la salvaguarda de los principios democráticos. Asalta el temor de caminar hacia Venezuela, y otros países contagiados con el socialismo del siglo XXI, y el caudillismo, en el que la Constitución se cambia a beneficio y criterio de los gobiernos.

Otra gran incógnita es, ¿cómo se va a cumplir con el compromiso hecho por el Presidente de la República sobre la aprobación de los acuerdo por parte del pueblo? ¿Se va a eliminar el umbral? ¿Se va a imponer un voto obligatorio? ¿Se podrán votar las preguntas por separado? ¿Hasta dónde todo esto se va a acomodar para que los acuerdos sean ratificados y no se corra el riesgo de que sean rechazados, no se cubra el umbral o se aprueben parcialmente?

Por otra parte, las dudas expresadas por analistas, expresidentes y algunos partidos o políticos en relación con el acuerdo alcanzado sobre justicia, tocan la estabilidad jurídica: ¿cómo será la justicia especial para el conflicto?, ¿los casos ya fallados van a ser reabiertos?, ¿se va a romper el principio de la cosa juzgada?, ¿los tribunales especiales serán armas de persecución política y venganzas?, ¿cómo van a ser constituidos?, ¿las Farc van a participar en la escogencia de sus jueces?, ¿serán utilizados por ese grupo –como lo están anunciando en su página de Ancol– como el arma para continuar la guerra, para la venganza o su odio contra expresidentes, empresarios y fuerzas militares?

¿Qué es lo que permitirá que algún día logremos realmente la paz? No es la firma de un acuerdo con un grupo, es que la ciudadanía comparta, respete y se comprometa con las instituciones, y para ello es necesario sujetarse a los principios legales y constitucionales, a la democracia, a la representatividad.

María Sol Navia

Exministra de Trabajo

msol.navia@gmail.com

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