Lo que acaba de pasar con un grupo de más de 50 maestros que adulteraron los documentos para obtener una pensión de gracia, prestación especial que cobija al magisterio, es una muestra más de nuestros problemas en la educación.
Venimos afrontando pésimos resultados en las distintas pruebas educativas internacionales, por ejemplo Colombia se ubica entre los países menos talentosos del mundo, ocupando el puesto 54 de 60 economías evaluadas por el Informe de Talento del Centro de Competitividad Mundial del IMD Business School. Sufrimos de una total bipolaridad, entre lo que predicamos y lo que practicamos, las políticas públicas que establecemos y ejecutamos.
La calidad de la educación, especialmente gran parte de la pública, es muy baja, y esto no podrá mejorarse hasta no lograr que los maestros sean evaluados, como está establecido por la ley, pero hasta ahora el temor a sus reacciones no ha permitido que estas pruebas se lleven a la práctica. La calidad no va a mejorar solamente porque se inyecten recursos y se mejoren las condiciones económicas, es necesario exigir estudio, preparación, rendimiento y comprobar estos hechos mediante pruebas estrictas.
Surge este dramático acto de corrupción, por parte de quienes son los responsables de transmitir a los niños y jóvenes los valores y principios, de aquellos a quienes corresponde, en colaboración con los padres, contribuir a la formación de las conciencias de estos seres humanos en desarrollo, en edades en que son perfectamente moldeables.
Que puede esperarse de este tipo de personas, que valores pueden enseñar, cuando ellos mismos carecen de ellos y han puesto sus intereses económicos por encima de sus responsabilidades, de su carrera, que debería ser una de las más sagradas, cuando han pasado por encima de las normas y leyes, para lograr resultados fraudulentos en su favor.
Estos actos son indicativos también de la formación que ellos recibieron a su vez, y que es la base de sus competencias para ejercer la docencia. El que este no sea un hecho aislado, sino un grupo significativo preocupa mucho más, pues nos muestra que las falencias están en el medio y en las instituciones que están preparando a los educadores. No quiere esto decir, que vamos a juzgar a todos con el mismo rasero, ya que posiblemente la mayoría serán probos, rectos y dignos, pero habrá que buscar los mecanismos para evaluar las instituciones de educación y tomar medidas correctivas.
En las evaluaciones de los docentes, es necesario medir no solo sus conocimientos y sus competencias para desempeñarse como educadores, sino también y sobre todo su ética, principios y valores.
Ojalá que un hecho como este no se haya repetido en otras regiones, pero hay que investigar y constatar que así sea. No olvidemos que la calidad de los docentes y su moral determina el futuro de nuestra población y de nuestra nación.
Lo más grave no es el perjuicio económico del país, producido por uno más entre los innumerables hechos de corrupción que permiten que personas delincuentes e inescrupulosas se apropien de los recursos que los colombianos pagamos con esfuerzo y que deben dirigirse al interés general. Lo más traumático es pensar en cuántos niños han sido educados y han recibido ejemplo de personas cuyos comportamientos reflejan una ética y una cultura reprobable.
María Sol Navia V.
Exministra de Trabajo
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