Una propuesta planteada aquí sobre la necesidad de cambiar radicalmente el modelo de registro mercantil que cada año deben hacer las empresas grandes, medianas y pequeñas ante las cámaras de comercio, ha generado una gran controversia.
Precisamente, es la idea que, sin duda, debe tener en cuenta el próximo gobierno si es cierto el propósito de que la economía colombiana y, en particular, su aparato productivo requieren una mayor competitividad, como lo demuestran un sinnúmero de informes internacionales.
El más reciente, del International Institute for Management Development (IMD), muestra para nuestro país una caída de 12 puestos en lo que va de la segunda década del siglo, al pasar del 46 a 58, atribuido básicamente a tres factores: aumento en los procedimientos burocráticos para crear empresas, percepciones negativas sobre la gobernabilidad y aumento en los impuestos.
Ciertamente, no todo es malo, pero es mucho lo que se debe hacer si se quiere mejorar. Así, ya no somos el segundo o tercero en la región, sino el quinto, alejándonos de nuestros socios de la Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú). En momento alguno la idea planteada es acabar con las cámaras de comercio, aunque debe reconocerse que el número existente (57) resulta exagerado y debe pensarse en la integración de varias de ellas. Por ejemplo, no tiene sentido la proliferación en algunas regiones como Antioquia y Tolima, pero ese es otro capítulo.
Sin embargo, es claro que mientras sigan con el esquema de financiamiento actual, el registro mercantil, no es mucho el esfuerzo para promover el desarrollo empresarial. Contrario sería si su esfuerzo se centrara en la obtención de recursos por la prestación de servicios, programas e iniciativas, que también pagarían los empresarios, eso sí con gusto.
El Banco Mundial lo ha señalado: el mecanismo del registro mercantil no debería asimilarse a un impuesto que anualmente se tiene que pagar. Si lo que se pretende es estimular la creación y crecimiento de las empresas, esto no tiene sentido y, contrariamente a lo que se cree, fomenta la informalidad, uno de principales problemas del desarrollo y que distorsiona las estructuras en temas como la tributación, la seguridad social y la prestación de servicios como la salud.
En nuestro país, hay una propensión extendida a considerar que plantear salidas o cuestionar esquemas –predeterminados por el tiempo y la costumbre como buenos– es sinónimo de oposición o conspiración. La realidad no es esa, se trata más bien de procurar mejorar las cosas par alcanzar un mayor desarrollo y bienestar, fines últimos de quienes hacen los negocios y de quienes tienen responsabilidades públicas.
Experiencias hay muchas. En el caso de las cámaras de comercio, lo que ocurre en España y Perú merece ser considerado como ejemplos, acomodándonos a nuestra realidad e idiosincrasia. Tarde o temprano terminaremos en esa tónica, pero es mejor hacerlo por anticipación que por reacción.
Por ello, el nuevo gobierno debe abordar el tema con toda la seriedad que se necesita, y el sector privado y sus gremios estar ahí para ayudar. Es un compromiso con Colombia.