Sin duda, la elección del próximo presidente de Colombia para suceder a Juan Manuel Santos a partir del 7 de agosto de 2018, reviste características especiales que merecen una evaluación detallada y amplia, pero la exposición de los candidatos ante la opinión pública a través de los medios tradicionales y nuevos, permite evaluar y tomar nota antes de decidir el voto. Eso es clave. Sobre el asunto, hay pesimistas por oficio.
Dado que hay una cantidad grande de ‘preaspirantes, el argumento es que lo que hay es un espectáculo poco serio, una apreciación acomodada para defender el fatalismo. Si por el contrario, solo se presentaran muy pocos, esa explicación sería la de la ‘gavilla’ política o la de ‘los mismos con las mismas’, que impiden la entrada de nueva gente.
El tema solo merece esta reflexión. Si se mira lo que pasa en Venezuela, el espectáculo es deprimente: si Nicolás Maduro saliera del gobierno ahora, no sería fácil dar con el nombre idóneo para reemplazarlo, ni en el mismo gobierno ni en la oposición; en Perú, la escogencia se dio entre dos personalidades que poco o nada se identifican con la gente local; en Chile regresan a un nombre que gobernó hace ocho años; en Argentina hay escasez de líderes; en México ya se sabe quién será el sucesor de Peña Nieto, y en Brasil las cosas están mal. No es por aplicar el refrán de ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, pero en nuestro país no pasa lo mismo, así la antropofagia política sea alta, aunque de nuevo se vive en muchas partes: Estados Unidos, España, Alemania y el Reino Unido.
Sin embargo, hay un tema al que se le debe poner atención porque, en buena parte, no solo la decisión sobre el presidente, sino la ruta-país tiene que ver con este. Es la elección parlamentaria de marzo, que para el Senado es nacional y para la Cámara regional o departamental, asunto que fue decidido en la Constitución de 1991 con el objeto de darle mayor preponderancia a una Cámara sobre la otra, pero que, desafortunadamente, solo se logró en pocos casos, pues la gran mayoría de senadores siguieron dominando en sus feudos locales y perdieron esa connotación nacional.
Aquí, y en todas partes, los parlamentarios defienden unos intereses locales que representan. Son ellos quienes conocen las necesidades locales y deben luchar porque las soluciones queden incluidas en el presupuesto nacional, que, como su nombre lo indica, es de todos los ciudadanos. Eso no debería producir recriminación alguna y quien no cumpla ese papel, no merece el favor de los electores.
Y ese es quizá el primer punto que los votantes deben tomar en consideración, y que hace sentirse orgulloso de haber dado el voto por alguien que hace la tarea encomendada, lo cual obliga transparencia y decencia, que es fácilmente comprobable si se tiene voluntad de hacerlo, pero no hay que decirse mentiras: presentar la declaración de renta no garantiza el buen comportamiento ciudadano. Esta es una obligación que se tiene con el fisco.
El oficio político está desprestigiado y no es una exclusividad nacional, pero la solución no está en acabar con la política y sus representantes. Lo que no se puede dejar es que se instale un nuevo territorio con el nombre de ‘corruptópolis’, en donde habiten los políticos, burócratas y contratistas corruptos. Y marzo sería una gran oportunidad para impedirlo.