Hablar de corrupción y de los malos manejos de los recursos públicos es fácil y está de moda, incluyendo soluciones que arrancan con las frases de siempre: por parte de los gobiernos y jueces “iremos hasta las últimas consecuencias”, y el argumento de los afectados, o supuestos responsables, es que “es una persecución política”.
Luego, un proyecto de ley, hecho a las carreras, se presenta al Legislativo, uno de los poderes más desprestigiados y con menor calificación. Sin duda, alguna que enfrentar el problema va mucho más allá y debe ser una preocupación de todos, incluyendo al sector empresarial, que no puede desconocer su impacto.
Ante un panorama tan crítico como el que se está viviendo en Colombia sobre el tema, que, aunque no es exclusivo de este país, no puede llevar al conformismo y al pesimismo, pues la desconfianza de los ciudadanos del común ha alcanzado niveles que producen preocupación. Las encuestas demuestran que es muy baja la credibilidad del Presidente y sus ministros, de los políticos y partidos de todos los matices, del parlamento, de los magistrados y jueces, de los policías, de curas y obispos y de los guerrilleros, no interesa de qué grupo.
El asunto no es para practicar la filosofía de ‘aves de mal agüero’. En el caso de la justicia, por ejemplo, hay quienes la defienden argumentando que ha hecho cosas buenas, con lo que se justifican los ‘lunares’. Ni más faltaba: la justicia no se puede evaluar poniendo en la balanza lo positivo y lo negativo. Sencillamente, su trabajo es decidir acerca de lo justo, punto. La teoría del ‘vaso medio lleno o medio vacío’, aquí no funciona.
No nos podemos engañar. Según datos del Foro Económico Mundial, nuestro país no sale bien librado cuando se compara internacionalmente, pues está entre los peores en desviación de recursos públicos, desconfianza hacia la clase política, falta de independencia de la justicia, tráfico de influencias en las decisiones gubernamentales y con uno de los sectores privados con más bajo comportamiento ético.
En ese orden, el pesimismo y la desconfianza no son inventos de los ‘conspiradores’, sino que tienen un asidero real que puede hacer mucho daño a la estabilidad, al futuro de la sociedad y al crecimiento de la economía. Que el 90 por ciento de los colombianos esté creyendo que la economía está en retroceso, o estancada, requiere atención prioritaria; es un mensaje macondiano de que “aquí algo va a pasar”, y terminará pasando.
El sector privado, que tiene carne y hueso en los empresarios, no puede ser pasivo frente al problema: reducir su acción a la firma de una declaración, condenando las prácticas corruptas, o a voltear la mirada para ‘evitarse’ contratiempos.
Sin duda, hay empresarios que conocen las prácticas que utilizan los ‘pillos’, algunos participan en procesos de ese tipo para ganarse contratos y otros dan ‘mordidas’ para quedarse con los negocios, pero no son ni la mayoría ni es la filosofía que impera en las compañías nacionales que han crecido con mucho trabajo y seriedad, como es el caso de la mayor parte de los constructores de obras públicas.
Si no hay una acción decidida por parte del sector empresarial para denunciar a quienes hacen los malos manejos, el costo a pagar será muy alto en el futuro, y la ciudadanía terminará pasándole la factura por complicidad.
Mario Hernández Zambrano
Empresario exportador
mariohernandez@mariohernandez.com
columnista
La corrupción es un asunto de todos
Si no hay una acción decidida por parte del sector empresarial para denunciar, el costo a pagar será muy alto en el futuro.
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Mario Hernández Zambrano
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