Ciertamente, estamos muy lejos de Gambia, un país de África occidental, en donde su presidente –luego de 22 años en el gobierno– se ha escapado llevándose más de 10.000 millones de dólares, producto del saqueo de las arcas del Estado, uno de los más pobres, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas que mide el progreso mundial.
Aunque en Colombia no pasa algo de ese orden, todos los días los ciudadanos de a pie no dejamos de sorprendernos con la situación de corrupción que estamos viviendo, y que son otros quienes la advierten: en el caso de la Ruta del Sol fue descubierta por las autoridades de EE. UU., no fue por la acción de los organismos de control y fiscalización nacionales, lo cual lleva a sospechar que es mucho lo que se queda sin investigar.
El robo a las arcas oficiales no es nuevo. Todavía se recuerdan casos emblemáticos de años atrás, como el Guavio, proyecto hidroléctrico que se presupuestó en 800 millones de dólares y terminó costando casi 3.000 millones; el Idema, entidad que fue saquedada por las administraciones entregadas a políticos corruptos, y Colpuertos, en el cual una mafia se robó todo, incluyendo los trabajadores a través del pago de pensiones fraudulentas. La lista es interminable.
Desafortunadamente, hay una propensión de muchos a creer que la corrupción es un problema de otros y no de todos. Incluyendo a los distintos sectores de la sociedad, sin consideración de nivel social, aunque la magnitud de los casos no sean comparables:sacar una conexión fraudulenta de energía o agua para no pagar el servicio, con robarse grandes cifras del erario a través de mecanismos sofisticados. Reficar, la salud o las regalías.
No hay relación directa entre pobreza y corrupción, como tampoco lo puede haber entre delincuencia y pobreza, si se tiene la idea básica de que se deben hacer las cosas bien por principio. Pero, lamentablemente, la corrupción campea más en las regiones pobres (según la Andi, Chocó y La Guajira son los primeros) que en las más pudientes, no porque sean los pobres y necesitados los que la practiquen, sino los privilegiados, quienes han tenido acceso a las mejores oportunidades, lo cual no deja de ser socialmente muy injusto.
La clase política, en todos los niveles, muchos funcionarios, y de los mismos organismos de control, alcaldes y gobernadores y sus equipos, representantes de la Fuerza Pública de todos los rangos, jueces y magistrados, nacionales y locales, y, sin duda, empresarios privados, grandes y pequeños, están en la lista.
La corrupción no es una cultura, así haya algunos que la justifican como parte de la condición humana natural que tiene en la riqueza, a cualquier precio, el camino despejado. Hay que ponerse serios con el tema porque su impacto es grande, no solo por la plata de los contribuyentes, sino porque implica una descomposición social que luego nadie puede atajar.
Un primer paso es acabar con las frases como ‘la actitud del sector empresarial es de rechazo total a la corrupción’, lo cual es obvio y no aporta nada. O el manido, ‘frente común contra la corrupción’, invención de quienes tienen la responsabilidad social del asunto, pero que no hacen mayor cosa en términos efectivos.
¿Y usted? Arranquemos por no aceptar más otra perla practicada al comienzo de todo gobierno, o con quien esta a cargo de un puesto publico. Sus amigos le preguntan de entrada: ¿qué hay para hacer?, lo cual no es más que un mensaje perverso que incita a hacer cualquier cosa, con tal de ganar plata.
Mario Hernández Zambrano
Empresario exportador
mariohernandez@mariohernandez.com
‘¿Qué hay para hacer?’
Todos los días, los colombianos de a pie no dejamos de sor- prendernos con la situación de corrupción que estamos viviendo.
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