Tras conocer un documentado y completo diagnóstico realizado por el Departamento Nacional de Planeación, según el cual “6,7 millones de colombianos, equivalentes al 13 por ciento de la población del país, son vulnerables y están en riesgo ante inundaciones, avalanchas y desastres”, surge la reflexión sobre la necesidad de profundizar en una política de Estado que priorice la adaptación al cambio climático.
“El peso de los fenómenos hidrometeorológicos ha sido contundente, pues corresponde al 88 por ciento de los desastres registrados entre 1998 y el 2017”. Es evidente que en la zona tropical en al cual se encuentra Colombia, se concentra el mayor impacto de los efectos del cambio climático, pero es la que menos aporta gases efecto invernadero (0,3 por ciento). Pero, al mismo tiempo, pocos han sido los compromisos de los países desarrollados para asumir sus responsabilidades por la emisión de estos gases.
Al hacer un diagnóstico sereno y objetivo de lo que ocurre en este renglón, hay que reconocer que el manejo inadecuado del recurso hídrico en Colombia se ve reflejado en el poco valor que asignan los usuarios a un bien tan estratégico como el agua, al no usarla racionalmente.
Además, esto debería ir de la mano con el esfuerzo que realizan las empresas prestadoras de servicios públicos para controlar y reducir las pérdidas técnicas. También es fundamental que las industrias fortalezcan sus prácticas de optimizar consumos y reutilización del agua requerida en sus procesos.
Así las cosas, una política integral frente al recurso hídrico debe contemplar la ampliación y adecuación de embalses multipropósito, que puedan suplir agua potable en periodos de escasez de lluvias, pero que, a la vez, puedan mantener la generación de energía.
Y ante las amenazas de profundización de las crisis por ausencias o exceso de lluvias, se debe fortalecer el modelo institucional y presupuestal relacionado con las distintas variables del recurso hídrico. En otras palabras, hay que inclinar la balanza hacia estrategias de adaptación, más que de mitigación.
Otro aspecto en el que se debe hacer énfasis es en la gestión del recurso hídrico por cuencas, de tal manera que los proyectos de adaptación sean fundamentalmente regionales y multisectoriales, es decir, que contemplen reforestación a gran escala, embalses multipropósito y regulación hídrica, entre otros aspectos.
Todo esto valida una vez más la necesidad de crear una agencia nacional del agua, altamente técnica, descentralizada del orden nacional y adscrita al Ministerio de Ambiente, que sea transversal a todos aquellos sectores que involucren en sus actividades consumo del recurso hídrico. No necesariamente implica mayor burocracia, simplemente es agrupar funciones que se encuentran dispersas en distintos ministerios.
La agencia nacional del agua tendrá como principal función la gestión integral del recurso hídrico. Con este objetivo financiará, con grupos de municipios y la Autoridad Regional Ambiental, proyectos o macroproyectos de impacto. Los recursos financieros provendrán de reformular el Sistema General de Participaciones y el de Regalías.
Eso es lo que requiere un país que toma en serio las amenazas del futuro. Es necesario desde ya gestionar y programar recursos para ejecución de inversiones importantes en reforestación, regulación de cuencas, construcción de infraestructuras, tal como se ha hecho históricamente para el sector eléctrico.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidenta, Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental