Mauricio Cabrera Galvis

Avales en blanco

Mauricio Cabrera Galvis
Opinión
POR:
Mauricio Cabrera Galvis
junio 23 de 2015
2015-06-23 02:05 a.m.
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El voto en blanco se estableció en la Constitución (Art. 258) para que los ciudadanos manifiesten su inconformidad con los candidatos a una elección popular. Si creen que alguno no es adecuado para el cargo, en lugar de adoptar la posición pasiva de abstenerse, pueden votar en blanco, y si los votos en blanco son la mayoría, la elección debe repetirse con candidatos diferentes.

La teoría es muy bonita, pero en la práctica poco ha servido, pues desde que en el 2003 se aprobó este mecanismo ha habido elecciones para cerca de 3.500 alcaldes y gobernadores, y solo una vez –en Bello, en el 2011– ganó el voto en blanco.

Es imposible afirmar que los otros 3.499 mandatarios elegidos han sido los mejores candidatos, pulcros y sin tacha. Por el contrario, ha habido muchos mafiosos, parapolíticos o corruptos que se adueñaron del poder local para satisfacer sus intereses particulares; tantos, que en los últimos diez años la Procuraduría ha destituido a más de 800 alcaldes y 24 gobernadores.

Hay casos tan aberrantes como el de Floridablanca (Santander), en donde han sido depuestos 5 de los 10 alcaldes elegidos popularmente, o el Valle del Cauca, donde han sido destituidos 3 de los últimos gobernadores. Es cierto que algunas destituciones pueden ser injustas y arbitrarias, pero también lo es que hay muchos otros que han debido ser condenados y no lo fueron.

Una de las causas indiscutibles de esta vergüenza de la democracia es la debilidad de los partidos políticos, que son los que tienen la responsabilidad de seleccionar y avalar a los candidatos. En su afán pragmático de ganar votos, todos los partidos –con algunas honrosas excepciones– van dejando de lado los principios éticos y políticos para avalar a candidatos que tengan posibilidad de ganar, sin tener en cuenta sus antecedentes o vínculos problemáticos.

Una investigación del diario El Tiempo, la semana pasada, mostró que en al menos 11 departamentos (¡la tercera parte de las gobernaciones del país!), los elegidos pueden ser candidatos cuestionados o familiares y herederos de políticos ya condenados, que buscan seguir abusando del erario por mano ajena.

Lo más grave es que la mayoría de estos candidatos van a tener el aval de los partidos de la Unidad Nacional o de Opción Ciudadana, el antiguo PIN, que son los herederos del uribismo rural.

Son distintas las reacciones al interior de cada partido frente a estos avales. En la U, no dicen ni mu, pues es un partido sin ideología ni programas distintos a ganar elecciones; en Cambio Radical, ante la victoria de los barones electorales de la Costa, renunció su director –el hijo de Galán–, honrando la memoria de su padre, y la nueva cabeza –también huérfano de un mártir de la democracia– no ha dicho nada; en el Partido Conservador, el joven director traicionó las esperanzas de renovación justificando, con argucias legales, los avales cuestionados.

En el Partido Liberal, unas voces apoyan esos avales y otras los cuestionan, pero, en medio de la confusión que genera una dirección plural de 12 miembros, se dilatan algunas decisiones claves como el aval para el candidato a la Alcaldía de Cali. En este caso, frente a dos aspirantes que no convencen por su trayectoria o sus padrinos, la dirección liberal debe tener la osadía de no avalar a ninguno, es decir, dar su aval en blanco.

Si los partidos políticos se arriesgan a dar avales en blanco cuando no tienen candidato idóneo, puede ser más efectivo el voto en blanco para sanear la democracia.

Mauricio Cabrera G.

Consultor privado

mcabrera@cabreraybedoya.com

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