Mauricio Cabrera Galvis

Los derechos de la derecha

Mauricio Cabrera Galvis
POR:
Mauricio Cabrera Galvis
abril 15 de 2014
2014-04-15 03:36 a.m.
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Los intentos de tumbar los límites que impuso la Corte Constitucional a las megapensiones que disfrutaban unos cuantos privilegiados, son un ejemplo diciente de cuáles son los derechos políticos y sociales que tratan de defender los representantes más conspicuos de los políticos de la extrema derecha colombiana.

La pensión para poder tener una vejez digna es un derecho fundamental al que solo tiene acceso uno de cada diez colombianos. Además, el sistema actual tiene enormes inequidades, pues unos pocos reciben cuantiosos subsidios del Estado, mientras que cerca del 80 por ciento de los pensionados tiene que subsistir con una mesada de un salario mínimo.

El año pasado, en un histórico fallo, la Corte tumbó las millonarias mesadas pensionales que recibían congresistas y magistrados de la rama judicial, y les puso un tope de 15 millones de pesos mensuales, que aún es muy alto en comparación con los aportes realizados por ellos.

Así se paró una gran injusticia que solo beneficiaba a unos 3.000 privilegiados y un desangre del erario superior a los 200.000 millones pesos anuales, pero ahora los pájaros les tiran a las escopetas, y los magistrados y conjueces de la Corte que aprobaron este fallo han sido acusados por el delito de prevaricato.

El autor de semejante exabrupto es el político conservador Pablo Victoria, quien cree que por haber pasado sin pena ni gloria unos pocos años en el Congreso tiene el derecho adquirido a ese regalo que sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Contando con la complicidad de otro parlamentario conservador, logró que la Comisión de Acusaciones de la Cámara abriera investigación penal contra esos magistrados.

El excongresista no está solo en su intento por defender esos supuestos ‘derechos adquiridos’, sino que cuenta con el apoyo de su correligionario, el Procurador General de la Nación. En efecto, el Procurador no solo ha sido un crítico de la postura de la Corte y defensor de la tesis de que no es posible rebajar esas megapensiones, sino que cuando era Consejero de Estado contribuyó a extender este beneficio a los magistrados de las altas cortes.

No se trata en este caso de una discusión jurídica, sino de políticas públicas. Las normas jurídicas son susceptibles de diversas interpretaciones, y por eso las decisiones sobre esta y muchas otras materias son sentencias con opiniones divididas y salvamentos de voto en los que el fallo no se decide por razones objetivas, sino por mayoría de votos. Estas interpretaciones de las leyes tienen casi siempre una clara carga ideológica, lo que explica el afán de la derecha de lograr imponer sus mayorías en las altas cortes.

Es típico de las interpretaciones conservadoras enfatizar el mantenimiento del statu quo y privilegiar los derechos individuales sobre el bienestar de las mayorías, dejando en un segundo plano los criterios de equidad y justicia distributiva. Bienvenido el debate. Lo que es inaceptable es que se usen las interpretaciones de la ley para lograr sentencias en beneficio propio o hacer favores a los amigos o copartidarios.

Coletilla: uno de los argumentos que planteó la Procuraduría para oponerse a la decisión de la Corte sobre las megapensiones fue la violación al debido proceso, porque el fallo se conoció en la prensa antes de que fuera notificado. Pero el mismo Procurador ordenó la destitución del alcalde Petro antes de que fuera notificada la sentencia del Consejo de Estado, alegando que ya era conocida, pues había sido publicada en los medios. Curiosa contradicción.

Mauricio Cabrera G.

Consultor privado

macabrera99@hotmail.com

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