Mauricio Cabrera Galvis

Herederos de políticos en ejercicio

Mauricio Cabrera Galvis
POR:
Mauricio Cabrera Galvis
marzo 11 de 2014
2014-03-11 02:54 a.m.
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Colombia ha sido siempre un país de delfines políticos, donde los apellidos se perpetúan en el poder y es usual heredar los votos de un familiar que ya no está activo en la política. Sin embargo, un fenómeno más reciente es el de los herederos de políticos activos que son elegidos con los votos y la maquinaria de un familiar que aún ejerce como mandatario o congresista, conformando verdaderos clanes políticos que infiltran todos los espacios de la administración pública.

En la campaña electoral que acaba de terminar se presentaron varios casos de estos mandatarios con familiares candidatos al Senado. Por ejemplo, el gobernador de Santander Richard Aguilar y su hermano Mauricio que aspira a repetir curul en el Senado, por el recién creado partido Opción Ciudadana, que reemplazó a los cuestionados Convergencia Ciudadana y Pin, o el gobernador del Valle Ubeimar Delgado, cuyo sobrino Mauricio Delgado es candidato por el Partido Conservador, o el gobernador de Sucre, Julio César Guerra y su hijo que está en la lista liberal.

También hay alcaldes en ejercicio que con familiares buscan llegar al Cogreso. El de Cartagena, Dionisio Vélez, quien espera que su hermano Dusán gane una curul; el de Medellín, Aníbal Gaviria, cuya hermana Sofía aspira al Senado, o el de Sincelejo, Jairo Fernández y su sobrino Mario Fernández, quien también es candidato al Senado. Entre otros casos.

¿Cómo puede ser posible este nepotismo electoral, si se supone que está prohibido de manera expresa en la Constitución? El Artículo 179 de la Carta establece que “No podrán ser congresistas (…) quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política”. ¿Por qué los jueces permiten transgredir este mandato tan explícito?

La respuesta es una típica leguleyada de esas que abundan en este país y que se resume en el siguiente raciocinio: en todos los casos citados los candidatos con pariente en cargo público aspiran al Senado y se eligen por la famosa ‘circunscripción nacional’, es decir que se supone que representan a todo el país y no a una región en particular. Como los gobernadores y alcaldes no ‘ejercen autoridad civil o política’ en todo el país, sino en un territorio limitado, a sus parientes que aspiran al Senado no les aplica la inhabilidad establecida.

Es una interpretación tramposa de la norma, porque la realidad es que los senadores, por muy nacionales que se digan, consiguen la mayor cantidad de sus votos en la región de la que son oriundos y donde su pariente puede repartir contratos y puestos y hacer campaña, abierta o soterrada, a su favor. La ley se obedece, pero no se cumple.

Para guardar las apariencias, los gobernadores de Santander y del Valle, por iniciativa propia y sin ser una exigencia de la ley, pidieron al Ministro del Interior que se nombraran mandatarios ad-hoc para la fecha de las elecciones, y así evitar que se les acuse de interferir en el proceso electoral.

El gesto es tan simbólico como inútil, pues en ambos casos las solicitudes fueron hechos solo 15 días antes de las elecciones, después de meses de campaña en la que se han hecho denuncias de favorecer a sus parientes utilizando el aparato estatal que controlan.

La necesidad de acabar con esas herencias electorales es una razón adicional para una reforma política que acabe con la circunscripción nacional para la elección del Senado.

Mauricio Cabrera G.

Consultor privado

macabrera99@hotmail.com

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