Como todos los años, la negociación del salario mínimo empieza con grandes diferencias entre los pedidos de los trabajadores y lo ofrecido por los empresarios. Los primeros aspiran a un aumento entre el 9 y el 12%, mientras que la Andi y Fenalco han ofrecido 4,7%, y Asobancaria 4,5%. Por su parte, el Emisor recuerda que la inflación esperada es del 3,5%, y que el salario no debería subir más para no presionarla.
Aunque las posiciones encontradas reflejan una simple pugna distributiva, en la que los mayores ingresos de los empleados implican menores utilidades para los dueños de las empresas, detrás de estas también hay un profundo debate conceptual sobre el papel que juegan los salarios en el funcionamiento de la economía, en al cual se asigna mayor o menor importancia a una u otra de las cuatro funciones del salario.
Primero, desde la perspectiva individual de una compañía, los salarios son el precio del factor trabajo que incide en sus costos de producción y su competitividad. Al considerar el trabajo solo como una mercancía, se llega a la conclusión de que su precio (el salario) no debe subir porque disminuye la demanda por trabajadores, es decir, que el aumento del sueldo generaría desempleo.
Segundo, en el conjunto de la economía, el salario mínimo determina la capacidad de compra de gran parte de la población y, por ende, el tamaño del mercado interno.
Mayores salarios implican que los trabajadores tendrán más plata en sus bolsillos y comprarán más; por eso el aumento del salario puede acelerar el crecimiento, pues para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo.
Tercero, en la sociedad, el nivel de los salarios es uno de los principales determinantes de la distribución del ingreso. Colombia tiene uno de los peores índices de Gini del mundo, es decir, una pésima distribución del ingreso; los trabajadores solo reciben alrededor de una tercera parte del PIB, mientras que en los países de la Ocde (que aspiramos pertenecer), esta participación es superior al 50 %.
Finalmente, el salario mínimo tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas porque varios rubros del gasto público, como las pensiones, están indexados a su aumento. Pero este hecho no responde a una ley económica, sino a una decisión política que debe modificarse.
En economía no hay verdades absolutas, y cada uno de estos factores puede tener mayor incidencia dependiendo de la circunstancias y la coyuntura. Por ejemplo, se diría que ante el bajo crecimiento del PIB y el aumento del desempleo, los gremios tienen razón porque subir mucho el mínimo empeoraría la situación. Esa conclusión podría ser cierta para algunos casos particulares, pero no para el conjunto del aparato productivo, ya que este año la desaceleración de la economía se ha dado por la debilidad de la demanda interna, y una de sus causas principales es la caída del consumo de los hogares, que estuvo afectado por la inflación y el aumento del IVA.
Corolario: la propuesta de aumento del salario mínimo diferencial por regiones podría ser válida si conduce a un incremento de mayor productividad, pero es inaceptable si lo que se quiere es nivelar, por lo bajo y reducir el sueldo en el campo y zonas como Chocó.