“Somos oposición, no criminales” es el eslogan que muestran en carteles y repiten como un mantra los congresistas del Centro Democrático (CD), ante los requerimientos de la justicia a muchos de los funcionarios y amigos del expresidente del ‘todo vale’. Se trata de una persecución política, repiten en coro cada vez que sale a la luz pública alguno de los múltiples delitos cometidos, no por esos congresistas –hay que reconocerlo–, pero sí por sus copartidarios.
Este comportamiento podría ser solo la vieja estratagema de defensa utilizada por algunos abogados, que consiste en cuestionar al acusador, sus motivaciones o intereses, para deslegitimar sus acusaciones de manera que la discusión no se dé sobre los hechos delictivos, sino sobre la persona que los debe juzgar.
Sin embargo, cuando esta estrategia pasa de los estrados judiciales a la arena política y se convierte en un delirio de persecución, incluso con la pretensión de ir a Washington a desprestigiar al país y a sus jueces para salvar su pellejo, es necesario enfrentar la amnesia colectiva que parece afectar al rebaño del caudillo y recordar algunos de los delitos que dieron origen a las investigaciones de la Fiscalía y, en varios casos, a las condenas en los tribunales.
El más reciente: la campaña presidencial del CD contrata un hacker para que haga espionaje electrónico y consiga información reservada para sabotear el proceso de paz. El asesor espiritual de la campaña del mismo candidato es filmado en reuniones y situaciones comprometedoras con el hacker. Este confiesa y acepta sus delitos, pero cuando la Fiscalía quiere saber quién dio las ordenes y llama a interrogatorio al asesor espiritual que lo contrató, este huye del país y se declara perseguido político.
Otro más evidente es la utilización del DAS para acosar y hacer seguimiento a críticos del Gobierno anterior y hasta la misma Corte Suprema. El hecho está comprobado, los directos ejecutores identificados, juzgados y condenados, pero cuando se quiere llevar a juicio a la directora del DAS, el expresidente de las chuzadas le aconseja que huya del país –posiblemente para que no cuente quién le dio las órdenes de chuzar– y la ayuda a conseguir asilo político con su amigo, el presidente Martinelli, de Panamá, ahora acusado de corrupción y también refugiado en Italia.
Durante cuatro años, la señora Hurtado logra evadir a la justicia colombiana, pero cuando, cansada de huir y buscada por la Interpol, decide entregarse, la tratan de convertir en otro mártir del uribismo, perseguida por el Gobierno.
Es cierto que, como afirman ellos mismos, los congresistas del CD no son criminales porque la mayoría son personas de intachable conducta. Pero también es cierto que el hecho de haber sido elegidos con los votos del expresidente Senador les ha producido amnesia y no recuerdan los delitos de varios de su copartidarios. Se les olvida, por ejemplo, que 100 de sus antecesores en el Congreso fueron elegidos con votos de los paramilitares, como lo dijo el mismo ‘Mancuso’, y que muchos de ellos ya fueron condenados por esa tenebrosa alianza, empezando por Mario Uribe, el primo del expresidente.
Se les olvidan también todos los casos de personas del círculo más cercano al expresidente que compró su reelección, que ya han sido juzgados y condenados. El director del DAS Jorge Noguera, el jefe de seguridad de Palacio, general Mauricio Santoyo, el ministro Andrés Felipe Arias, Yidis y Teodolindo y el embajador en Chile, Salvador Arana. En estos y otros casos similares, no hay persecución política, sino castigo del delito, así la oposición tenga amnesia.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com