Lo regular, lo malo y lo pésimo. Así se puede clasificar el contenido del proyecto que presentó el Gobierno para cambiar las fecha de elección de alcaldes y gobernadores y que ha generado un rechazo tan generalizado de todos los partidos políticos, que es posible y deseable que se hunda, incluso, antes de empezar el trámite parlamentario.
Lo regular –porque por lo menos es discutible–, es la intención de coordinar los periodos de los mandatarios locales con el del Presidente y el Congreso, puesto que los primeros empiezan un año y medio después que los segundos y se dice que esto dificulta la coordinación entre los programas de gobierno locales y el plan de desarrollo nacional.
La dificultad existe, pero con ella se ha convivido más de 20 años y sus efectos no son tan graves como para ameritar el trámite de una reforma constitucional y desvirtuar las razones validas que motivaron a los constituyentes de 1991 para la separación de los calendarios electorales para promover el pluralismo político.
De un lado, porque la parte más cuantiosa de los aportes de la Nación a las regiones, que son las participaciones para salud y educación, junto con la distribución de regalías, están definidas por la Constitución y no dependen del plan de desarrollo. De otro, porque es conveniente que se respete la autonomía regional en la fijación de prioridades distintas y complementarias a las nacionales.
Lo malo es el calendario electoral propuesto con el que se paralizaría al país por todo un año por las múltiples campañas. Si se aprueba el proyecto tendríamos un año con cuatro elecciones el todo el territorio: en marzo las del Congreso, en mayo y junio las dos vueltas presidenciales y en octubre las regionales.
En ese año toda la administración púbica estaría frenada por la aplicación sucesiva de la ley de garantías, lo cual es particularmente grave para los mandatarios locales que tendrían esa restricción en todo el último año de su periodo. Además, como en Colombia presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes diputados y concejales participan activamente no solo en sus propias campañas, sino en la de todos los demás, nadie se dedicaría a gobernar, sino que toda centrarían su atención a las campañas electorales.
Lo pésimo es el orangután que autoriza la reelección de alcaldes y gobernadores, así sea por una sola vez. Es una enorme contradicción que el Gobierno esté empeñado, con razón, en eliminar la reelección presidencial y otros funcionarios como el Procurador y, a la vez, salga con esta propuesta de permitir que los mandatarios locales se dediquen a buscar ser reelegidos en lugar de gobernar.
Así sea un régimen transitorio que se plantea por una sola vez, la reelección ha demostrado ser funesta en Colombia, en el caso del presidente, y sería aún peor para alcaldes y gobernadores, en la medida en que en las regiones existen menos controles y contrapesos que a nivel nacional.
Incluso si se pasaran por alto los problemas de la unificación de calendarios y la congestión de campañas en el año electoral y se creyera conveniente armonizar los periodos de Gobierno, como lo prometió el presidente en la pasada campaña, la única alternativa aceptable sería la incluida en el proyecto de recortar a tres años el periodo de alcaldes y gobernadores que se elijan en octubre del 2015, para que los siguientes comiencen el primero de enero del 2018, pero sin la posibilidad de que se reelijan a los actuales.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com