Decretos de emergencia

El presidente Santos anunció que no habrá más decretos de emergencia.

Mauricio Lizcano
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Mauricio Lizcano
enero 25 de 2011
2011-01-25 12:10 a.m.

El turno será del Congreso para desarrollar la legislación para la reconstrucción y de la Corte Constitucional para evaluar los decretos de emergencia.

La Constitución establece que los hechos que motiven la declaración de un estado de emergencia deben ser de carácter sobreviniente, perturbar el orden económico, social o ecológico en forma grave e inminente, o constituir seria calamidad. Además, las medidas adoptadas deben tener relación directa con los hechos que motivan la emergencia.

La declaratoria del Estado de Emergencia evidentemente responde a un hecho sobreviniente. Considerando que en un par de meses podemos tener otra intensa temporada de lluvias comparto, como lo hace el partido de la U, la opinión de que la mayoría de las medidas guardan una relación directa con la emergencia. A continuación hago un resumen de las mismas.

Los decretos autorizan a las autoridades a utilizar para la emergencia equipos incautados por violaciones a las normas ambientales, y escombros y materiales de minas y canteras, y al Invías a usar maquinaria y equipos de los contratistas.

Se faculta a los alcaldes y el Gobierno a forzar la evacuación de personas. Se redujeron los requisitos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y para extraer minerales sin títulos mineros. Por su parte, las entidades territoriales que tienen suspendidos los giros de regalías podrán usarlas.

Durante 6 meses los empleados pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben de las zonas afectadas podrán ser contratados sin que tengan que hacerse por ellos aportes parafiscales. Habrá un subsidio al consumo básico de servicios públicos a las familias afectadas.

Las pérdidas por las lluvias podrán ser deducibles para el impuesto de renta en el 2010 y se podrán restar de la base gravable del impuesto al patrimonio. Se incentiva el uso de seguros agropecuarios contra riesgos climáticos y se crea la Dirección Nacional de Riesgo Agropecuario. Habrá asistencia técnica y una ventanilla única para los trámites para los inversionistas que hagan reforestación comercial. El Estado podrá usar recursos públicos para reconstruir y reparar colegios que no son de su propiedad.

Se fusionarán algunas CAR y el Presidente postulará a todos los directores de estas entidades, y en caso de que los consejos directivos no acojan los nombres, designará un encargado. Los aportes de las empresas de generación de energía a las CAR se deberán emplear en asuntos vinculados a la emergencia.

Se estableció un tipo penal para los servidores públicos que malversen recursos de la crisis. La Procuraduría y Contraloría tendrán facultades especiales para que vigilen toda la contratación, incluso en la etapa precontractual. También se podrá intervenir obras que no estén correctamente ejecutadas. Las autoridades territoriales y las CAR podrán expropiar las zonas de las franjas de los ríos ocupadas de manera indebida.

Además, se le quitaron recursos del Presupuesto Nacional a entidades para entregárselos al Fondo Nacional de Calamidades y se hizo una adición presupuestal de 5,7 billones de pesos. Se creó el Fondo de Adaptación, que se dedicará a la reconstrucción. Estos fondos tendrán una dirección mixta público privada con la participación de destacados empresarios.

Ahora, la modificación del impuesto al patrimonio no tiene relación directa con los hechos que motivan la emergencia puesto que la financiación del Gobierno no se encuentra comprometida en el corto plazo y es facultad del Congreso la aprobación de nuevos tributos. El impuesto al patrimonio es inconveniente y no tiene mucho sentido que se le amplíe al tiempo que se anuncia la presentación de una reforma tributaria estructural.

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