El anuncio de un acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz constituye el mayor logro de los diálogos entre el Gobierno y las Farc. Este es el aspecto de la negociación más sensible para los colombianos y, además, era el tema en el que las partes tenían las mayores diferencias, al punto que su discusión significó que el proceso no diera frutos durante más de un año.
Las condiciones del acuerdo tienen cosas buenas, malas y feas. Lo bueno es que logra ubicarse en esa mínima intersección que existe entre posiciones divergentes muy difíciles de conciliar: la del Gobierno, la de las Farc y la que impone la justicia internacional. El acuerdo cumple con los estándares mínimos planteados por el Estatuto de Roma y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que un esquema de justicia transicional sea aceptable internacionalmente: que haya una investigación de los principales delitos de lesa humanidad, el juzgamiento de los responsables y la imposición de unas condenas. Además, el acuerdo consigue algo notable que parecía improbable hace unos meses: que las Farc reconozcan una responsabilidad penal en la comisión de esos delitos.
Claro que ese logro no es gratuito, sino que conlleva como zanahoria un esquema flexible de penas. Quienes reconozcan haber cometido delitos muy graves pagarán entre 5 y 8 años de restricción de su libertad y sus derechos en condiciones especiales, mientras que quienes hagan ese reconocimiento de manera tardía pagarían esa misma pena en condiciones ordinarias, y quienes no reconozcan delitos, a pesar de haberlos cometido, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
Ahí reside lo malo del acuerdo. La alusión a una ‘restricción’, y no a la privación, de la libertad y de los derechos de los que se acojan a la justicia transicional resulta demasiado vaga. También es ambigua la mención de las ‘condiciones especiales’ en que se darían esas restricciones. Estos términos abarcan desde soluciones que pueden ser bien vistos por muchos colombianos, como el confinamiento de quienes se acojan a este esquema en un par de granjas agrícolas durante la duración de la sentencia, hasta esquemas inaceptables como su ubicación en varios municipios del país. El acuerdo tampoco precisa el aporte monetario que harán las Farc para la reparación a las víctimas, que no es un detalle menor, teniendo en cuenta las ingentes ganancias que han percibido por su participación en el narcotráfico. Todo esto significa que algunas de las decisiones más sensibles se patearon hacia adelante.
Esto nos lleva a lo feo: el afán de haber mostrado como terminado un proceso que aún tiene muchos cabos sueltos. La foto del presidente Santos dándole la mano a alias ‘Timochenko’ no corresponde a una situación en la que falta precisar cuestiones clave de la justicia transicional y la reparación de las víctimas, además de las varias decenas de puntos pendientes de los capítulos anteriores de la negociación. La foto evoca más bien ese viejo adagio que afirma que no hay que ensillar antes de traer las bestias.
Mauricio Reina
Investigador Asociado de Fedesarrollo