La decisión de Standard and Poor’s de reducir la calificación soberana de Colombia ha generado todo tipo de reacciones. En medio de la polarización electoral se han dado múltiples interpretaciones, desde las que dicen que esto muestra que la economía está peor de lo que pensábamos, hasta las que afirman que era una decisión que estaba descontada y que aquí no ha pasado nada.
Ambos extremos son errados. La baja de la calificación es una alarma significativa que no debemos ignorar, pero no es indicio de que la economía no se esté recuperando y no pueda sortear las dificultades que se avizoran en el camino.
Para dimensionar lo sucedido, planteemos una reflexión básica. Lo más importante en estos asuntos es que el país mantenga el ‘grado de inversión’, que equivale a estar aprobando el curso porque les dice a los inversionistas internacionales que es seguro invertir en Colombia. Pues bien, por ahora la economía colombiana sigue pasando el año al mantener el ‘grado de inversión’ de las tres calificadoras más importantes: Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. Lo que ha sucedido es que, mientras las dos primeras nos siguen calificando dos niveles por encima de lo ‘aprobado’, ahora la tercera nos ha dejado raspando.
¿Y por qué nos bajaron la calificación? No fue, como dicen algunos, una crítica al ajuste que ha venido haciendo la economía colombiana, sino una alerta sobre los riesgos que se ven en el futuro inmediato. De hecho, la calificadora ha valorado la capacidad que ha tenido el gobierno de pasar la reforma tributaria. Sin embargo, al mismo tiempo advierte sobre riesgos crecientes de un descuadre de las cuentas del gobierno, más allá de lo que permite la regla fiscal, sobre todo a partir de 2019.
Entre las causas de ese potencial desequilibrio sobresalen dos. La primera es que la reciente reforma tributaria prevé una reducción apreciable del impuesto a las empresas en el 2019, lo que disminuirá los recaudos tributarios. La reforma suponía que ese faltante podría cubrirse eventualmente con ingresos adicionales generados por una mayor eficiencia de la Dian y una recuperación vigorosa de la actividad económica. Esa es justamente la segunda causa del potencial descuadre: la recuperación de la economía ha sido frágil y el crecimiento que anticipa Standard and Poor’s es menor que el que proyecta el gobierno.
En este contexto, tres cosas quedan claras en la conversación de sordos en que se está convirtiendo el debate económico de cara a las elecciones. En primer lugar, el ajuste de la economía colombiana ha sido razonable, en medio de las severas condiciones fiscales y externas que dejó la caída del precio del petróleo. De otro lado, el próximo gobierno no podrá llegar con una reducción populista de impuestos debajo del brazo, sino que debe tener una fórmula inteligente que aumente los ingresos fiscales sin ahogar a las empresas. Finalmente, los electores seguimos esperando oír propuestas sensatas para que la economía vuelva a crecer a tasas decentes. Ojalá no nos quedemos esperando.