Fedesarrollo y Portafolio realizan mañana un debate con los candidatos presidenciales mañana para discutir los desafíos más apremiantes que enfrenta la economía colombiana. Las propuestas de Fedesarrollo para encarar estos problemas se pueden consultar en la página de la institución.
El próximo gobierno enfrenta varios retos económicos apremiantes. El actual debate electoral se está dando en un entorno en el que la economía crece poco, la situación fiscal es compleja y el sistema pensional enfrenta problemas de cobertura y sostenibilidad financiera. En materia de salud, la cobertura ha aumentado, pero la calidad del servicio es deficiente y las presiones de gasto crecientes. Entre tanto, la descentralización es objeto de serias críticas: el desarrollo regional es desigual y el uso adecuado de los recursos ha sido minado por la corrupción.
1.La economía colombiana ha caído en una trampa de bajo crecimiento. Mientras el país creció a tasas promedio anuales superiores a 4,5 por ciento entre el 2004 y el 2014, el dinamismo reciente ha caído a menos de la mitad: apenas 1,8 por ciento en el 2017. Esta desaceleración tiene serias implicaciones económicas y sociales. El buen desempeño registrado durante más de una década permitió que el desempleo bajara de 10 por ciento, que diez millones de colombianos salieran de la pobreza y que cinco millones accedieran a la clase media. Con la actual desaceleración, esos logros se ven amenazados.
2.El panorama de las finanzas públicas es sombrío. La reforma tributaria de finales del 2016 ha resultado insuficiente para garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal. En el 2017 se cumplieron las metas fiscales gracias a una reducción del gasto y a ingresos extraordinarios derivados de multas a las empresas de telefonía celular, recursos que también permitirían cumplir las metas en el 2018. De ahí en adelante las perspectivas son preocupantes. En ausencia de una nueva reforma tributaria o de reformas estructurales que reduzcan el gasto, el déficit fiscal superaría el 3,5 por ciento del PIB entre el 2019 y el 2021, muy por encima de lo requerido por la Regla Fiscal. La deuda pública aumentaría y las agencias internacionales reducirían su calificación, lo que induciría una salida de capitales, mayor devaluación, mayor inflación y desaceleración económica.
3.El sistema pensional actual no cumple con los criterios de equidad y sostenibilidad. Apenas uno de cada tres colombianos aporta al sistema pensional y solo uno de cada cuatro logra pensionarse. A pesar de esta escasa cobertura, el déficit pensional representa un altísimo costo para las finanzas públicas: 3,8 por ciento del PIB y 25 por ciento del recaudo tributario. Además, el sistema es tremendamente inequitativo: el grueso de los pensionados se concentra en la población con mayores ingresos, y están siendo altamente subsidiados. Se calcula que un pensionado perteneciente al 1 por ciento más rico de la población recibe entre 800 y 1.000 millones de pesos de subsidio. Un sistema pensional con tantos problemas es claramente insostenible.
4.La salud plantea problemas apremiantes. A pesar de haber tenido avances importantes como el aumento de la cobertura del aseguramiento y el acceso, y la regulación del derecho a la salud, entre otros, el sector sigue teniendo grandes retos. El primero es el de la sostenibilidad financiera. Aunque Colombia es uno de los países de América Latina que más gasta en salud como porcentaje del PIB, esos recursos son insuficientes para enfrentar necesidades generadas por cuestiones como el cambio demográfico, la expansión de enfermedades costosas y la incorporación de nuevas tecnologías. El segundo problema es la deficiente calidad de los servicios. Son frecuentes las quejas de la población sobre las dificultades para acceder a la salud, con el agravante de que la búsqueda de soluciones pone más presión sobre los recursos económicos escasos, como es el caso del creciente uso de instrumentos judiciales para acceder a ciertos beneficios.
5.La descentralización ha avanzado, pero presenta problemas evidentes. En las últimas décadas se ha presentado un proceso gradual, pero decidido de descentralización, que ha fortalecido notablemente el monto de los recursos administrados por las autoridades regionales y locales. Sin embargo, el balance de ese proceso es agridulce. Por una parte, se ha dado una efectiva transferencia de recursos del Gobierno Central a las regiones, con la consecuente mejora en los índices de cobertura en salud y educación. A pesar de ello, el proceso tiene varias cuentas pendientes. Los principales lineamientos de política se siguen definiendo en el nivel central, aún persisten grandes diferencias de desarrollo entre regiones y en el interior de ellas, y la asignación y ejecución de los recursos han sido minadas por la corrupción.