Buena parte de la discusión se ha concentrado hasta ahora en argumentos grandilocuentes, con los que es difícil estar en desacuerdo: se ha dicho que la industria es clave para la economía, que genera empleo, que ha venido perdiendo participación en el PIB...
Más allá de esas generalidades, conviene hacer unas precisiones. La primera es obvia: quien diga que en el país no hay política industrial no está en lo cierto. En términos generales, una política industrial es un conjunto de medidas que generan condiciones más favorables para algunos sectores manufactureros que las que al el resto de la economía.
En ese contexto, medidas vigentes como las exenciones tributarias, los distintos niveles arancelarios, los plazos de desgravación en los tratados de libre comercio y la promoción de sectores de clase mundial constituyen instrumentos de política industrial.
En este contexto, es bienvenido el debate para que se haga explícito el tratamiento favorable que han recibido unos pocos, y que el Gobierno opte por la política que más le convenga al país.
¿Cómo debe ser una buena política industrial? Algunos trabajos recientes que evalúan experiencias exitosas arrojan luces al respecto. (Hay una buena revisión en un trabajo de Justin Yifu Lin y Célestin Monga, del Banco Mundial: ‘Growth Identification and Facilitation: the role of the States in the Dynamics of Structural Change’). Por ejemplo, ningún esquema razonable de política industrial debe incluir un aumento en los aranceles. Los países que han sido exitosos en la promoción de su manufactura lo han hecho impulsando su crecimiento industrial hacia el mercado mundial y no alejándolo de él. (Por eso produce gracia que algunos de nuestros ‘sectores de clase mundial’ pidan mayor protección…)
De igual manera, una propuesta de política industrial que se oponga a los acuerdos comerciales con países asiáticos no es otra cosa que un proteccionismo velado que busca generar rentas para unos cuantos.
De otro lado, cualquier esfuerzo de política industrial en Colombia debe partir de la provisión adecuada de bienes públicos como la infraestructura, la educación y la información.
Adicionalmente, debe abarcar la solución de fallas de mercado como el acceso al crédito, la financiación de proyectos de largo plazo, la facilitación de joint ventures para propiciar la transferencia tecnológica, y el apoyo al capital de riesgo para facilitar el emprendimiento. Sólo cuando se haya avanzado sustancialmente en la provisión de esos bienes públicos y en la solución de esas fallas de mercado, se debería empezar a evaluar la conveniencia de apoyar sectores específicos.
Estos sectores deberían ser consistentes con la ventaja comparativa latente del país, lo que quiere decir que no deberían requerir mayor protección para su desarrollo.
Teniendo en cuenta estos rasgos de una política industrial idónea, queda claro que lo que están proponiendo algunas personas actualmente es algo muy distinto, y suena a un cuento conocido: beneficios para unos pocos financiados por todos los demás.