La llegada a Colombia de cientos de miles de venezolanos se ha convertido en uno de los mayores retos que haya enfrentado la economía colombiana en mucho tiempo. Aparte del lío más apremiante, el costo de su atención para las finanzas públicas, los inmigrantes constituyen un gran dilema para el país: dependiendo de las políticas que adoptemos, pueden terminar siendo un gran problema o una oportunidad en el mediano plazo. Por eso es tan importante que el gobierno haya anunciado la elaboración de un documento Conpes, que se debe nutrir de un amplio debate público que arroje luces sobre los aspectos positivos y negativos que conlleva el fenómeno migratorio.
Con el fin de aportar elementos a ese debate, en Fedesarrollo hemos adelantado un estudio (con Carlos Antonio Mesa y Tomás Ramírez) sobre la dimensión económica de la migración de venezolanos al país, del que vale la pena destacar algunas conclusiones. La primera tiene que ver con la magnitud del fenómeno y su intensificación. Es difícil establecer cifras exactas, porque más de la mitad de los venezolanos que han llegado en los últimos años lo han hecho de manera irregular. Sin embargo, el Gobierno (desde la administración anterior y con continuidad en la actual) ha hecho un buen ejercicio de identificación y registro que permite afirmar que para junio de este año habían cruzado la frontera y se habían quedado en el país alrededor de 865.000 venezolanos.
Si bien la cifra es inquietante, lo que resulta francamente preocupante es el ritmo al que viene creciendo. Hasta el año pasado el número de venezolanos en el país crecía a una tasa más o menos constante, duplicándose cada año. En el 2018, las cosas empeoraron dramáticamente: solo en el primer semestre, la cifra de diciembre pasado más que se duplicó, al pasar de 415.000 a 865.000. Esa aceleración es resultado del deterioro sostenido de la economía venezolana, y no tiene visos de revertirse, sino más bien de empeorar.
Un fenómeno de tales proporciones tiene un efecto considerable en la economía, aunque conviene diferenciar el corto del mediano plazo. En el presente, el problema económico fundamental radica en el costo que tiene para el erario la atención de los migrantes en áreas como la salud, la educación y la ayuda humanitaria, aclarando que la proporción en la cual los individuos pueden acceder a estos servicios depende de su estatus migratorio. A partir de una caracterización de la población objetivo, estimamos que para el final del 2018 la atención a los inmigrantes venezolanos le costaría al país entre 1,8 y 4,2 billones de pesos, es decir entre 0,2 y 0,4 por ciento del PIB.
En el mediano plazo, el impacto económico de la migración abarca más dimensiones que el simple costo fiscal. Los trabajos teóricos y empíricos internacionales destacan la posibilidad que tiene un país de derivar beneficios de un flujo migratorio, dependiendo de sus características y de las políticas que se adopten. Esos beneficios han sido evidentes en países en los que los migrantes han jugado un papel importante en el desarrollo, como Estados Unidos (13 por ciento de migrantes), Canadá (22 por ciento) y Australia (28 por ciento).
Para el caso de Colombia, el análisis de Fedesarrollo muestra que los inmigrantes de Venezuela son un poco más jóvenes que nuestra población, lo que representa la posibilidad de prolongar el denominado bono demográfico. Para nadie es un secreto que la edad promedio de nuestra población ha ido aumentando, y que cada vez menos gente en edad de trabajar deberá sostener a más personas en edad de retiro.
Esa compleja perspectiva se puede postergar un poco en el tiempo, en la medida en que se logre incorporar a los inmigrantes en el mercado laboral formal y a sus hijos en el sistema educativo. Para junio de este año, habían llegado al país más de 200.000 niños venezolanos menores de 13 años, que en poco tiempo serán colombianos por adopción. Lamentablemente, esos niños registran niveles de alfabetización y escolarización inferiores a los de sus coetáneos colombianos, situación explicable por las condiciones en que salieron de su país. El Gobierno y los colombianos tenemos la opción de formarlos, para ampliar en el futuro próximo la población económicamente activa, o conducirlos a la informalidad y al riesgo de la delincuencia.
Es importante destacar algunas de las dimensiones en las cuales debe actuar el Estado colombiano para maximizar los beneficios y minimizar los costos de la migración venezolana. El gobierno debe asegurar la consecución sostenible de los recursos necesarios para atender a los recién llegados, especialmente en las ciudades más afectadas como Cúcuta, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. También se debe garantizar su adecuada identificación e incorporación al mercado laboral y al sistema educativo, como en buena hora lo han venido haciendo las autoridades desde la administración pasada. Además, hay que asegurarse de que los beneficios públicos para los inmigrantes no sean excesivos y no igualen a los que reciben los nacionales, para no generar incentivos perversos a la migración y la discriminación.
Aunque las recomendaciones de política exceden por mucho la extensión de este texto, es importante iniciar un debate nacional sobre el impacto económico de la inmigración, como lo han tenido históricamente países en los que los migrantes han sido parte importante del desarrollo.
Mauricio Reina
Investigador Asociado Fedesarrollo
