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Mauricio Reina
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Servicio público esencial

Al cumplirse nueve días de huelga, se habían cancelado cerca de 2.000 vuelos, perjudicando a más de 150.000 personas.

Mauricio Reina
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Mauricio Reina
septiembre 28 de 2017
2017-09-28 09:38 p.m.
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En el momento de escribir esta columna (jueves por la tarde), se ve lejana la posibilidad de que Avianca y los pilotos de Acdac lleguen a un pronto acuerdo. La aerolínea se paró de la mesa en la madrugada del miércoles, después de que los representantes del sindicato no aceptaron una propuesta que abarcaba 28 por ciento de aumento salarial en tres años, vacaciones de 30 días hábiles al año y la ampliación de la licencia de maternidad, entre otros beneficios.

A la par con el abandono del diálogo, la aerolínea parece estar jugándosela toda a la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Después de que el Tribunal Superior de Bogotá les devolviera su primera solicitud en este sentido, por problemas de forma, los apoderados de la empresa corrigieron los errores y volvieron a radicar su petición.

Ahora hay tres caminos en el horizonte. El primero es que las dos partes retomen el diálogo y lleguen a un pronto acuerdo, posibilidad cada vez más lejana.

El segundo, que el gobierno intervenga y convoque un tribunal de arbitramento, lo que según las normas solo podría suceder cuando la huelga haya cumplido sesenta días. El último camino consiste en que el Tribunal Superior de Bogotá declare ilegal la huelga, para lo cual tendría diez días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.

Como el primer camino es improbable y el segundo distante, evaluemos la posibilidad de que la huelga sea ilegal. El principal argumento de la aerolínea ha sido que el transporte aéreo es un servicio público esencial que no puede ser objeto de huelga de acuerdo con la ley colombiana. En efecto, la normatividad establece que existen dos requisitos para excluir el derecho de huelga de una actividad: que sea un servicio público esencial y que el legislador lo haya calificado así. Los pilotos argumentan que el transporte aéreo no es un servicio público esencial, invocando pronunciamientos que habría hecho la OIT.

La posición del sindicato riñe con la normatividad colombiana, que parece darle la razón a Avianca. Por una parte, servicio público esencial es aquel que contribuye de manera directa a la protección de bienes ligados con el respeto de los derechos fundamentales. Por otra parte, el Estatuto Nacional del Transporte (Ley 336 de 1996) dice explícitamente en su Artículo 68 que el transporte aéreo es un servicio público esencial.

¿Y cual sería ese derecho fundamental a cuya protección contribuye el transporte aéreo? Al cumplirse nueve días de huelga, se habían cancelado cerca de 2.000 vuelos, perjudicando a más de 150.000 personas y afectando todo tipo de labores productivas, desde el comercio hasta el turismo, pasando por la hotelería y toda clase de negocios.
Todo eso vulnera el derecho al trabajo, consagrado como un derecho fundamental en la Constitución.

Más claro no canta un gallo, aunque en Colombia nunca se sabe.

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