El Estado es un ser con apetito insaciable, que se alimenta con nuestros impuestos.
Como un obeso, cada día tiene más hambre y espera que le den más comida. Por eso, estamos otra vez en el debate de una nueva reforma tributaria.
El texto trae medidas buenas que pueden ayudar a generar más empleo, en un país en el cual la informalidad es muy alta. Pero tiene errores grandes como el gravar con tributos los servicios de medicina prepagada.
La reforma saldrá como la quiera el Gobierno, pues los métodos de presión son hoy eficaces. Los parlamentarios no quieren pelearse con un Gobierno que va a repartir el año próximo más de $70 billones en contratos.
Además, a nuestros políticos les encanta un Estado grande y pesado.
Pocos colombianos saben que, gracias a la inversión de los últimos 10 años, el recaudo ha aumentado de manera significativa.
Este año superará los $100 billones, lo que confirma que el mejor amigo de la estabilidad fiscal es el crecimiento.
Si hubiésemos controlado algunos de los factores de gasto, hoy tendríamos unas finanzas públicas en equilibrio.
Pero la presión de los políticos, sumada al poco espíritu de austeridad del actual Gobierno, no ha permitido lograr ese objetivo. El Estado sigue engordando y en los últimos años se ha dotado de una impresionante burocracia paralela, a nivel de la Presidencia con los consejeros y asesores, de las alcaldías con consultores, y de todas las instituciones con nóminas por contrato.
Conviene recordar lo que el padre de la economía moderna, Adam Smith, afirmaba sobre los impuestos.
El primer principio es que los impuestos deben ser previsibles.
Nada es peor para el contribuyente que los cambios bruscos en las normas tributarias.
Smith creía que la fuerte progresividad en los impuestos llevaba a la evasión y desestimulaba el emprendimiento. Además, pensaba que pagar impuestos debería ser fácil para el ciudadano.
Finalmente, Smith insistía en que el costo del recaudo debía ser lo más bajo posible, pues hay tributos cuya rentabilidad fiscal no es satisfactoria.
Estos principios, por obvios que resulten, son desafiados por los gobiernos.
La estabilidad de los tributos no existe en nuestro país, ya que los políticos y grupos de presión siempre quieren que otros paguen más. Sobre los efectos nefastos de la progresividad, basta ver el entusiasmo irracional con que el alcalde Petro cree que puede exprimir a sus gobernados.
Acerca de la facilidad para el contribuyente, nada más absurdo que los anexos a la declaración de renta y cuya información está en los medios magnéticos. Sobre la relación costo/beneficio de los impuestos, el de timbre es un ejemplo de un gravamen que, históricamente, y en todos los países, ha demostrado ser poco eficiente.
Todos los gobiernos saben que subir los impuestos es impopular, pero no pueden resistir la tentación de aumentar el gasto.
Prefieren asumir el costo político para alimentar a los burócratas y premiar a sus amigos con beneficios.
Ahora, lo que al Estado le falta no es siempre más recaudo, sino mayor eficiencia en el gasto.
Menos corrupción y más eficacia son indispensables para que el Estado sea legítimo. Mientras abrimos el inaplazable debate sobre la calidad de la acción estatal, hacemos lo fácil, que es seguir dándole de comer al ya obeso Estado.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
