Al igual que las empresas del sector privado que presentan sus balances por esta época, es aconsejable hacer un balance económico de los cuatro años del actual Gobierno. Es importante, en la medida en que enfrentamos la recta final de la campaña presidencial y que los temas económicos no han estado en el centro del debate político.
La situación macroeconómica de Colombia es satisfactoria. Un nivel históricamente bajo de inflación (1,94 por ciento en el 2013), sumado a un menor nivel de desempleo (11,1 por ciento, en enero de 2014) son dos resultados positivos que no pueden pasar desapercibidos. Un entorno de liquidez ha permitido la expansión de los diferentes tipos de crédito como el hipotecario, que creció a un ritmo del 26 por ciento, mientras las de consumo y comercial crecían a un 10 por ciento anual en el 2013. Los niveles de cartera vencida y de provisiones de las entidades financieras son holgados. Colombia obtuvo su grado de inversión, y la percepción de las agencias de riesgo es positiva, pues el país mantiene su déficit presupuestal (2,41 por ciento) entre las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Si lo macro está bien, lo micro muestra señales menos optimistas. Nos hemos convertido en una economía exportadora de minerales y productos energéticos que hoy representan un impresionante 70 por ciento de nuestras exportaciones. El ramo industrial y el agropecuario pierden cada día participación como generadores de riqueza y de empleo. Sectores enteros de la manufactura y la agricultura languidecen, producto de años de revaluación y de la erosión de nuestra productividad interna. Los tratados de libre comercio dejan al descubierto estas debilidades estructurales frente a las cuales muy poco se hizo en el cuatrienio que concluye.
El balance de las reformas estructurales es muy desigual. Positivo, sin duda, el nuevo régimen de regalías que permitió una distribución más equitativa de los recursos, pero que ha tenido graves problemas de implementación. Muy importante es la reforma constitucional que permitió establecer la regla fiscal, restringiendo las posibilidades de utilizar el presupuesto para fines demagógicos sin tener el cuenta los límites del espacio fiscal. Pero se desaprovechó el inmenso margen parlamentario disponible para hacer algunas de las reformas más urgentes y necesarias para nuestra economía. Nada se hizo en el tema de educación, vital para la competitividad. Tampoco se quiso enfrentar la reforma del obsoleto régimen laboral ni para corregir las inmensas distorsiones del sistema tributario. En materia de investigación y modernización tecnológica, no se avanzó gran cosa, a pesar de que la reforma a las regalías asignó recursos para este sector. Ni hablar del tema de salud o de las pensiones, en las que el Gobierno no tiene ni claridad ni voluntad de enfrentar los enormes desafíos. Volver a contar con una mayoría del 92 por ciento en el Congreso es difícil y, por lo tanto, le corresponde al Gobierno Santos la responsabilidad de haber desperdiciado esa oportunidad histórica.
A pesar de los resultados desiguales, lo mejor del Gobierno actual es su balance económico.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
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