Como si Bogotá no tuviese ya demasiados problemas, se cierne sobre la capital la posibilidad técnica de un racionamiento de energía. La parálisis del Estado, sumada a las presiones políticas, han generado un retraso significativo en el proyecto ‘La Esperanza’, que debe reforzar la capacidad de transmisión de energía para el oriente de Cundinamarca, el departamento del Meta y la ciudad de Bogotá.
Una reciente comunicación de la Unidad de Planeamiento Minero Energético (Upme) al Alcalde del municipio de La Calera, resume la gravedad de la situación que tendrían que enfrentar varias regiones del país por la no culminación de este proyecto de expansión. Este caso reúne todos los elementos de la impotencia estatal. El Gobierno Nacional, dividido entre la locomotora energética y la talanquera ambiental. Un Gobierno Central incapaz de coordinar con los entes territoriales proyectos que son de interés local, pero también nacional. Finalmente, la conjunción de intereses empeñados en obtener réditos de corto plazo sin dimensionar los enormes riesgos que podrían enfrentar más de 10 millones de ciudadanos de las zonas afectadas, más el costo económico gigantesco de tener que asumir un racionamiento eléctrico.
Todo ello, porque las prioridades públicas no cuentan con voluntad política para convertirse en realidad. Se crean nuevos entes como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que buscan superar los problemas estructurales del sector. Pero se reproducen los mismos problemas de ineficiencia, lentitud y burocracia que tanto daño hicieron en el pasado y se buscaba corregir con el nuevo esquema institucional. El Ministerio de Minas y Energía, bien intencionado y consciente de los problemas, es incapaz de liderar los proyectos para convertirlos en realidades. No en vano, como bien lo señaló Portafolio, ‘Las licencias ambientales siguen frenando al sector petrolero’, edición del pasado 27 de junio, dos de las locomotoras del plan de desarrollo del Gobierno han terminado en un choque de trenes.
El riesgo de un racionamiento que afecte al 15 por ciento de la población nacional es, según la Upme, probable a partir del segundo semestre del 2014. Ello sin estimar el impacto que tendría sobre el conjunto de la red nacional de interconexión, que tendría que suplir de alguna forma los faltantes. Lo saben las entidades energéticas y ambientales del orden nacional, lo conocen los entes territoriales y lo advierten los gremios de la producción y los expertos del sector energético. No es un problema de presupuesto ni de capacidad técnica. Es un problema de parálisis del sector público como sucede en tantas otras áreas de interés nacional. A pesar de ello, nada significativo sucede y el tiempo corre. La demanda de energía aumenta y las inversiones necesarias para abastecerla no se realizan.
Nos estamos acostumbrando en Colombia a que las prioridades nacionales no se pueden atender. La construcción de carreteras las bloquea un ciudadano que no quiere vender un predio. Las obras vitales las paraliza la sucesión de acciones legales, consultas populares y controles fiscalizadores. Mientras tanto, el país se sume en el letargo y, de pronto, en la oscuridad.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
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