Miguel Gómez Martínez

Daño irreparable

Miguel Gómez Martínez
Opinión
POR:
Miguel Gómez Martínez
octubre 14 de 2015
2015-10-14 04:41 a.m.
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Los romanos afirmaban que una sociedad reposaba en dos pilares. La seguridad era la primera ley de la república, pues sin ella ninguna convivencia era posible. La segunda era el respeto por la justicia. El esplendor del mundo romano, lo que históricamente se denomina como la ‘pax romana’, se caracterizaba por la seguridad que brindaban las legiones, más el imperio del derecho romano, que sigue siendo la raíz del derecho occidental.

Por ello, resulta tan preocupante la reacción de muchos ante la multimillonaria multa (324 mil millones de pesos) impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra un grupo de ingenios, gremios y responsables del sector azucarero. Sin conocer los pormenores de la prolongada investigación, conviene recordar que se inició por solicitud de un grupo muy representativo e importante de empresas del sector manufacturero como Coca-Cola, Nacional de Chocolates, Luker, Noel, Nestlé, Bimbo, Bavaria y Meals de Colombia. Estos grandes consumidores de azúcar argumentaron que el sector productor impidió, mediante una operación de cartelización, la importación de azúcar de otros países, que llegaría a un precio inferior al producido por la industria doméstica. Es una pelea entre grandes poderes económicos. Se argumenta que la multa es desproporcionada, que se violó el debido proceso de los ingenios y que la supuesta cartelización nunca existió. Todo ello, seguramente, será objeto de discusión en las instancias judiciales que proceden.

Pero lo que es dramático es que cuando se conoció la decisión de la SIC, inmediatamente salieron a relucir argumentos que nada tienen que ver con la juridicidad de la misma. Todos eran relacionados con supuestas represalias e intereses del Gobierno y las autoridades contra el sector azucarero. Algunos insistían en que los dirigentes del Valle se habían mostrado tibios en el apoyo al proceso de paz, otros que el Superintendente es ficha del Vicepresidente, y que se estaba enviando señales al sector privado para advertirles sobre quién estaba al mando. Los periodistas locales interpretaban la decisión como un castigo adicional al departamento, cuya representación política se limita al pequeño Ministerio Cultura.

Se escucharon las voces de quienes recordaban que la cumbre del Pacífico se había realizado en Cartagena, con el argumento de que no existían en el Valle instalaciones dignas.

Cuando el accionar del Gobierno es interpretado como una represalia o revancha, cuando la justicia es tildada de parcial y falta de objetividad, cuando las autoridades públicas se consideran instrumentos al servicio de grupos de interés, entonces la democracia es inviable. Si en lugar de analizar el sustento de las decisiones nos concentramos en buscar las tacadas que, supuestamente, están detrás de cada una de ellas, lo que sucede es que se ha perdido toda legitimidad de la acción estatal.

Ya nadie discute que la Fiscalía actúa selectivamente, se acepta que el Gobierno favorece a los medios amigos con jugosas pautas, se sabe de los vínculos entre la contratación pública y los políticos afines sin que nadie se sobresalte. No es, entonces, de extrañar que, cuando el Estado actúe, se tejan todo tipo de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de las medidas adoptadas. El daño que se le ha hecho al prestigio de las instituciones es irreparable.

Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com
 

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