Miguel Gómez Martínez

Democracia vs. economía

La economía colombiana tiene que luchar contra muchas dificultades, pero, sin duda, la mayor es la inseguridad jurídica y la ausencia de justicia.

Miguel Gómez Martínez
POR:
Miguel Gómez Martínez
febrero 27 de 2013
2013-02-27 12:38 a.m.
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Si algo tiene buena prensa en Colombia es la Constitución de 1991. A pesar de las 37 reformas que ha sufrido en sus 21 años de historia (una cada 7 meses), su confusa e imprecisa redacción, su excesiva longitud, el desbalance entre derechos y deberes del ciudadano, el evidente fracaso de muchas de las instituciones por ella creadas y la ausencia de justicia, es lapidado todo aquel que se atreve a cuestionar las inconsistencias que el marco constitucional tiene.

Por ello, resulta muy revelador que nada más que cinco ministros de despacho (Interior, Minas y Energía, Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura) manifiesten simultáneamente su preocupación por los excesos que la Constitución ha permitido en materia de participación ciudadana y que tienen en jaque amplios programas públicos. Las consultas a las comunidades prehispánicas y afrocolombianas demuestran que una abusiva concepción de la democracia puede terminar por paralizar al país.

El más enfático ha sido el titular de Agricultura, escandalizado porque un juez nariñense decidió suspender un programa fitosanitario encaminado a luchar contra la plaga del cogollo de la palma africana, mientras no se consultase la opinión de la comunidades afrodescendientes de la zona. Ni siquiera una acción indispensable para salvaguardar plantaciones e inversiones importantes para la región y el país –que además deben realizarse con sentido de urgencia– pueden superar los obstáculos trazados por la norma constitucional.

Mientras los politólogos, sociólogos y abogados se extienden en alabar la maravilla de Constitución que tenemos, los empresarios y economistas somos conscientes de los costos, cada vez más, insostenibles de la alianza perversa entre políticos, ONG, ‘líderes’ comunitarios y jueces corruptos empeñados en extorsionar al Estado y a las empresas para su beneficio personal.

Mediante los generosos instrumentos previstos en la Constitución (tutelas, acciones populares, acciones de grupo, protestas legales) y por otros caminos como paros armados ilegales, bloqueos de vías e infraestructuras, saboteos e incluso amenazas de recurso a la violencia, el Estado ha venido perdiendo el control de muchos temas y áreas del territorio nacional.

El sector más afectado es el minero-energético, blanco predilecto por la elevada presencia de multinacionales. Los turísticos, inmobiliarios y agrícolas intensivos también están amenazados. Pero también se ven entorpecidos los proyectos de infraestructura en los que el Gobierno tiene el control. Los principales ejes viales han visto como sospechosas organizaciones surgidas de la noche a la mañana, respaldadas por nubes de abogados y financiadas por ONG extranjeras que actúan con eficacia para evitar que los proyectos avancen. Detrás de ellas hay políticos corruptos y autoproclamados líderes comunitarios que exigen colosales cifras de dinero en forma de contratos y asesorías con el fin de obtener el respaldo de las poblaciones que ellos supuestamente representan.

La economía colombiana tiene que luchar contra muchas dificultades, pero, sin duda, la mayor es la inseguridad jurídica y la ausencia de justicia. Mientras que el país se paraliza por el abuso de los mecanismos de consulta y la corrupción que ha traído la descentralización, los constitucionalistas siguen sacando pecho por el texto admirable que rige nuestra democracia.

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