La consulta popular realizada en el municipio de Cajamarca (Tolima) marcará un hito en la historia de la minería en Colombia. El 37,8 por ciento de los habilitados para participar votaron masivamente en favor de prohibir la actividad minera en el municipio. Luego de más de 11 años de haber sido identificado su potencial, la empresa surafricana AngloGold Ashanti ve frustrada su intención de iniciar la explotación de oro en esta región, que se estima tiene reservas estimadas en unos 27 millones de onzas.
Pero en este caso, el impacto de la decisión puede llevar a paralizar la inversión en toda la minería nacional. En adelante será muy difícil que quienes quieran emprender en este sector asuman el riesgo de solicitar las autorizaciones de explotación. Todos los municipios pedirán ser consultados previamente, y es muy posible que los resultados sean similares a los registrados en Cajamarca.
“Preferimos el agua al oro”, clamaban los partidarios de negar la actividad extractiva. Es un mensaje simplista, pero muy efectivo para movilizar a quienes han comprado el discurso de los ambientalistas a ultranza. También son ciertos los temores cuando se observa la miseria, pobreza y destrucción ambiental de todas la regiones productoras de oro en el país. Alrededor de la minería se ha concentrado todos los males del país: corrupción, violencia, desplazamiento, informalidad, ausencia de control del Estado y depredación ecológica.
Nadie puede negar que la minería tiene un evidente impacto ambiental. Ninguna actividad productiva es de impacto ambiental neutro. Pero la minería puede realizarse de forma responsable y garantizando que los recursos naturales puedan ser preservados al máximo y con estrictas medidas de mitigación. Muchas de esas tecnologías han sido desarrolladas e implementadas en las naciones con los mejores estándares en materia ambiental.
Las consecuencias de prohibir la minería son mayúsculas. Así no lo quieran aceptar los enemigos del sector, la minería es la única actividad productiva que puede, en el corto plazo, generar volúmenes significativos de ingresos para el desarrollo regional y nacional. En Colombia, donde adolecemos de inversión pública en infraestructura, salud, educación, seguridad y tantas otras necesidades urgentes, rechazamos las actividades que pueden generar los volúmenes de recursos necesarios para cerrar esas brechas. Los ciudadanos piden más bienestar, pero al mismo tiempo se oponen a los proyectos que pueden producir los recursos para su propio progreso y desarrollo.
La Colosa produciría 900.000 millones de pesos anuales de ingresos para el Estado entre impuestos, tasas y regalías. La zona ofrecería 1.500 empleos permanentes y estables, bien remunerados y con un efecto importantísimo en crecimiento de las actividades económicas asociadas y no asociadas a la minería.
El oro enterrado no es riqueza para nadie. Ese oro no permanecerá enterrado, pues conocemos lo que sucederá en los próximos años. Mediante amenazas, corrupción y violencia será extraído por mineros irresponsables. Los vítores de quienes ven en la consulta de Cajamarca un triunfo del planeta contra la codicia, pueden transformarse en lágrimas cuando suceda lo que muchos anticipan: la proliferación de explotaciones ilegales en la zona, que ya fue delimitada como potencial productor.
Los habitantes habrán rechazado la opción de una minería de bajo impacto para verse acosados por los ilegales, que, por su incapacidad económica, ausencia de tecnología, violencia e informalidad son los peores depredadores del medioambiente.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com
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Así no lo quieran aceptar los enemigos del sector, la minería es la única actividad productiva que puede generar volúmenes significativos de ingresos.
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