Hace bien el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en poner en conocimiento de la opinión el estado de las finanzas públicas en Colombia. Un corte de cuentas es siempre un buen punto de arranque. Lo deberían hacer los demás ministros en sus carteras, ahora que se cumple un mes del nuevo gobierno y han podido evaluar el estado real de lo recibido. Lo deben hacer porque la anterior administración fue obsesiva en tapar la magnitud de sus múltiples fracasos, que hoy deben ser enfrentados por el nuevo gobierno. No se trata de gobernar con el espejo retrovisor, pero tampoco se puede cometer el error político de asumir responsabilidades que no son propias.
Hace bien el ministro Carrasquilla cuando señala el grave desfinanciamiento de varios de los programas presupuestales. Las cuentas iniciales del titular de Hacienda es que faltan 25 billones de pesos, lo que equivale a un 10 por ciento de presupuesto de 259 billones presentado por Mauricio Cárdenas en el proyecto entregado al Congreso de la República antes del 7 de agosto. A pesar de las tres reformas tributarias (2010, 2012 y 2016) del gobierno Santos, la situación fiscal es muy compleja y el déficit fiscal equivale a 3,6 por ciento del PIB. Queda, así, al descubierto que los ocho años del anterior presidente fueron una feria de gasto con un fuerte componente de despilfarro y corrupción.
Hay faltantes en temas tan delicados como el sistema de salud, Familias en Acción, Bienestar Familiar y la atención a la población vulnerable. Santos y Cárdenas dejaron a los más pobres expuestos a sufrir el impacto del desfinanciamiento de estos programas de alto impacto social. Pero hay también problemas en las obligaciones derivadas de las sentencias contra la Nación, que ascienden a la estrafalaria cifra de 2,8 billones de pesos. Los jueces, siempre generosos con los demandantes, no dudan en castigar al fisco sin piedad. Mientras la infraestructura del país colapsa producto del invierno y la mitad del territorio está aislado, el Ministro de Hacienda informa que los proyectos de infraestructura tienen un faltante de 1,5 billones de pesos. La crisis eléctrica sigue sin poderse resolver y faltan 1,2 billones de pesos para los subsidios de consumo de energía de los más pobres. Hay también problemas con las universidades públicas y el programa Ser Pilo Paga.
No faltan los políticos, dirigentes gremiales y periodistas que consideran este corte de cuentas como inconveniente, pues, a nivel internacional, hay nerviosismo por la situación de los países emergentes y los mercados financieros están revueltos. Son los que durante ocho años aplaudieron las reformas tributarias inconvenientes, acallaron a quienes nos preocupábamos por la viabilidad fiscal de los acuerdos en La Habana y guardaron silencio frente a los desmanes de la mermelada.
Hace bien el ministro Carrasquilla. Nada genera más confianza en los analistas que un gobierno que es consciente de los desafíos y que muestra valor para enfrentarlos. El maquillaje y las cifras edulcoradas, siempre justificadas por la ‘dictadura de la paz’, nos tiene en una muy delicada situación fiscal que no es responsabilidad del gobierno actual, sino del anterior.
Los parlamentarios y analistas deben ser conscientes de esta coyuntura. La reforma tributaria y los programas de austeridad no son una opción, son una obligación.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com