La política económica obliga a tomar decisiones difíciles y contradictorias. Los objetivos no son siempre compatibles y es necesario asumir los costos de oportunidad respectivos. La actual coyuntura económica es un excelente ejemplo de conflictos entre varias de las metas macroeconómicas.
Una grave preocupación es el comportamiento de la tasa de cambio. Un peso fuerte genera una presión cada vez menos sostenible en importantes sectores de la economía. Los exportadores son los más grandes perjudicados, pero también los productores nacionales, que ven cómo las importaciones se quedan con fracciones crecientes del mercado doméstico. Este malestar se torna político y explica las protestas cada vez más fuertes contra el gobierno de cafeteros, industriales y exportadores que ven sus empresas debilitadas.
El Gobierno quiere trasladarle el problema al Banco de la República presionando mayores compras de dólares por parte del Emisor. Pero esto es como recetarle acetaminofén al que tiene cáncer. El fortalecimiento de la divisa nacional es estructural y tiene amplias connotaciones internacionales derivadas de la política monetaria estadounidense y europea. Creer que algunas semanas de mayores intervenciones del banco central cambiarán la tendencia es pensar con el deseo. Lo único que frenaría este proceso es un programa ambicioso y constante de ahorro público que tuviera credibilidad y pudiera aliviar la presión derivada de los mayores ingresos de divisas.
Y es aquí donde el Gobierno tiene que enfrentar la disyuntiva mayor: si quiere evitar la revaluación, debería disminuir el gasto público, pero ello conspira con su obsesión por la reelección. Para asegurar la fidelidad de sus mayorías parlamentarias y frenar la popularidad de Álvaro Uribe, tendrá que ser muy diligente gastando los 44 billones de pesos que tiene planeado ejecutar este año. Pero si gasta es probable que la presión hacia una mayor revaluación se fortalezca, lo que generará mayores preocupaciones en los sectores empresariales.
La ironía de este conflicto de intereses políticos es que no se resolverá sino de forma parcial. El Gobierno quiere gastar todo lo que esté a su alcance, pero no lo logrará porque no tiene ni el tiempo ni cuenta con la eficiencia del aparato estatal. Este es un año corto, pues hay ley de garantías a partir de octubre, lo que le resta un margen importante a la ejecución de los programas estatales. Y el Gobierno enfrenta la confluencia de ineficiencia, corrupción y bloqueos legales que harán muy difícil cumplir con la ambiciosa agenda de gasto preelectoral.
El Gobierno no tendrá que asumir sino de forma parcial los costos de cualquiera de las opciones que debe enfrentar. No frenará la revaluación, ya que ello pondría en peligro la reelección. Pero tampoco podrá cumplir con el objetivo de gasto programado porque el Estado está llegando a niveles muy preocupantes de ineficiencia. La ironía de esta circunstancia es que ni cumplirá con las promesas a los empresarios ni podrá cumplirle enteramente a los políticos. No dejará satisfechos a ninguna de las partes y lo que es peor, nos aleja aún más del buen gobierno. No será ni políticamente responsable, ni económicamente viable, ni socialmente justo.
