Miguel Gómez Martínez
columnista

La herencia

Santos hereda a su sucesor una deuda total que supera el 45% del PIB. Nos deja con serias posibilidades de perder el grado de inversión en un futuro cercano y comprometió 92 billones de pesos en vigencias futuras.

Miguel Gómez Martínez
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Miguel Gómez Martínez
abril 10 de 2018
2018-04-10 08:29 p.m.
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En las próximas semanas veremos muchos artículos e informes sobre el balance del gobierno Santos y lo que recibirá el próximo mandatario como legado de estos ocho años. En el plano económico, este periodo podría catalogarse como el de las ‘oportunidades perdidas’. Santos, por su experiencia como ministro de Comercio Exterior y luego como titular de la cartera de Hacienda, tenía todo el conocimiento sobre los cuellos de botella que aquejan a la economía colombiana. Conocía sus debilidades en materia de competitividad y había vivido en carne propia los problemas relacionados con la ineficiencia del gasto público y las deficiencias estructurales del marco tributario.

Con las amplias mayorías parlamentarias que dispuso durante los ocho años de gobierno, podría haber emprendido las reformas que el país necesitaba para modernizarse. Los que lo acompañamos al inicio de su primer mandato creímos que se harían, pues se reformó la Ley de Regalías y se impuso el saludable criterio de la regla fiscal para evitar el desbordamiento de las finanzas públicas. Pero rápidamente se agotó el coraje político y las demás reformas quedaron en el olvido. Nada se adelantó para modificar el absurdo esquema del régimen de transferencias, no se tocó el tema de las pensiones que hoy ahorca las finanzas públicas, no se hizo la reforma integral del sistema tributario, no se actualizó el código laboral para adecuarlo a las nuevas formas de trabajo, no se impulsó una política de diversificación de exportaciones y retrocedimos en simplificación de trámites.

Se entregó Colciencias a la burocracia, el Sena y Bienestar Familiar a la corrupción, y la ausencia de transparencia fue la norma en toda la contratación estatal, como lo confirman la venta de Isagen, Odebrecht, Reficar, la Ruta del Sol, la Cumbre de las Américas, el manejo de la publicidad oficial y hasta los recursos para la paz, por no mencionar sino los que han recibido más atención mediática.

Mientras tanto, utilizando los recursos de la bonanza de las materias primas, el gasto público innecesario y dilapidador se abrió camino como una aplanadora. Los despachos públicos se llenaron de costosos asesores, se crearon agencias que duplicaban funciones y no se ahorró un centavo en pompa y ceremonias. La idea de que los recursos públicos son escasos y deben ser ejecutados con eficiencia y transparencia fue abandonada del todo. No hay proyecto en el cual los organismos de control pongan la mirada sin encontrar todo tipo de sobrecostos e irregularidades.

Santos hereda a su sucesor una deuda que supera el 45 por ciento del Producto Interno Bruto. Nos deja con serias posibilidades de perder el grado de inversión en un futuro cercano. Además comprometió 92 billones de pesos en vigencias futuras que representan 9,5 por ciento del PIB. ¡No solo se gastó la plata de su gobierno, sino que también la de una parte de lo que le corresponde a los gobiernos que irán hasta el 2048!

Santos tuvo la oportunidad de haber dado un giro en la forma de administrar los asuntos públicos con un espíritu de eficiencia y transparencia. Podía haber sentado la bases de una nueva economía para Colombia, pero su ego y su amiguismo le hicieron perder el rumbo. Su legado debe medirse en relación con lo que pudo ser y no fue.

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