Como hace algunos meses en el invierno, la sequía amenaza buena parte del territorio nacional. El agua, símbolo por excelencia de la vida, se convierte en una amenaza para millones de colombianos que deberán enfrentar los estragos de un muy prolongado verano. El agua, por exceso o por defecto, es en nuestro país un elemento de destrucción y miseria.
El pésimo manejo que le hemos dado a una de nuestras mayores riquezas, nuestro potencial hídrico, es un verdadero ejemplo de muchos errores de gerencia pública. Si hay sequía es porque fenómenos como El Niño han adquirido mayor impacto en las últimas décadas. El calentamiento global, la contaminación y el deterioro ambiental son elementos que explican la preocupante evolución climática. Pero estos fenómenos son agravados por la acción u omisión de los gobiernos nacionales y las entidades territoriales.
La ausencia total de planeación explica nuestra evidente incapacidad de manejar los excesos o defectos de agua. La deforestación, sumada a una urbanización caótica, permite asentamientos en zonas con déficit crónico del líquido. Traer el agua faltante exige inversiones importantes que son sometidas a la ineficiencia y corrupción de la contratación pública. El crecimiento desmedido de Santa Marta es un buen ejemplo de este escenario, donde se combinan deficiencias estructurales con niveles elevadísimos de clientelismo y corrupción.
La ausencia de planeación también explica el despilfarro de este recurso valiosísimo. Álvaro Gómez Hurtado intentó, sin éxito, convencer a los colombianos de la importancia de manejar el agua. Con una constante miopía, los organismos de planeación y los ministerios se concentraron en construir acueductos y alcantarillados sin preocuparse por proteger el recurso que iría por los tubos. Ahora que no hay agua, estas inversiones son un dramático testimonio de la falta de visión de tantos gobiernos.
Tampoco hay asignación de prioridades. No dragamos los ríos ni prohibimos construir en sus riveras. Los usamos como alcantarillas en vez de protegerlos como sistemas. La absurda política de nuestras corporaciones regionales desconoce el carácter de integralidad de los fenómenos ambientales. De nada sirve que un municipio cumpla bien su labor de proteger el agua si el vecino la contamina. Por ello, cada año, cuando viene el invierno, tenemos dramas humanos. Nos contentamos con elevar jarillones para desplazar el problema al vecino sin entender que el río recupera, tarde o temprano, lo que es suyo. Lo mismo sucede con nuestras playas, cada día más sucias, invadidas y descuidadas.
No existe una definición estratégica de áreas de conservación y reforestación, ni tenemos políticas públicas para valorizar nuestros recursos hídricos; no contamos con capacidad para sancionar a los que destruyen el medioambiente, ni hay programas para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el agua.
La culpa de la sequía no es solo de este Gobierno, la mayor responsabilidad es de las entidades territoriales corruptas. Pero ante la emergencia que se avecina, el Gobierno solo recurre a ofrecer mermelada para intentar ganar tiempo. Muy poco puede mostrar esta adminsitración en materia ambiental y del agua. En medio de la crisis, queda claro que estamos también secos de ideas, programas y de políticas.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
