De las reformas importantes de la actual administración es el tema de la regalías. En los inicios de su primer mandato (2011), antes de que cayera la máscara que nos hizo descubrir al verdadero Santos, se adelantó la reforma que impulsó el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry para modificar el sistema de distribución de las regalías. Fue en ese histórico debate legislativo que el entonces ministro –para ilustrar lo que se buscaba hacer– utilizó la imagen de “esparcir la mermelada por toda la tostada”.
Echeverry se refería a que los beneficios de la riqueza del subsuelo nacional debían beneficiar a todos los colombianos y no solo a los departamentos y municipios productores. Se corregía así una de las mayores injusticias del modelo económico colombiano.
La reforma coincidió con la bonanza de los precios de las materia primas que le permitió al país recibir entre el 2010 y el 2014, 139 mil millones de dólares por exportaciones de petróleo. El precio promedio del crudo durante este quinquenio fue de 102 dólares el barril, medido por el indicador Brent. En el año 2013, el petróleo llegó a representar el 55,2 por ciento de nuestras ventas al exterior. Ello sin contar los valores en carbón, oro, ferroníquel y otros productos del sector minero. Nunca en nuestra historia económica habíamos dispuesto de recursos en esa cuantía. Era una fantástica oportunidad para sentar las bases que nos permitirían dar el salto al desarrollo.
La Contraloría General de la República estima que en el período posreforma (2012-2016) se recibieron regalías por 41 billones de pesos. El reciente balance sobre su ejecución es otro caso de oportunidades perdidas. En lugar de focalizar los recursos en temas prioritarios, los presupuestos se distribuyen en miles de pequeñas iniciativas que son de impacto marginal sobre los problemas de las regiones. Cada gobernante encuentra en las regalías la manera de atender necesidades clientelistas locales. Mientras mayor dispersión hay en la distribución de los recursos, menor capacidad de control existe y, por lo tanto, se incrementan los riesgos de corrupción. El informe de la CGR estima que en corrupción se ha perdido por lo menos 840 mil millones de pesos de las regalías asignadas a los entes territoriales.
El país, sin aceptar que la descentralización administrativa ha tenido como corolario la descentralización de la corrupción, gobernadores y alcaldes son hoy los ejes de las maquinarias electorales. En buena medida, su poder deriva de la disposición de los recursos de las regalías que permiten todo tipo de contratos innecesarios y la desviación de recursos para proyectos inviables y elefantes blancos. Juan Carlos Echeverry nunca pensó que su imagen de la mermelada en la tostada evolucionaría para convertirse en sinónimo de la corrupción alimentada con los recursos públicos. La CGR pide una reforma del sistema regalías para corregir las deficiencias encontradas en el modelo actual que reposa en la Departamento Nacional de Planeación y en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad). Estos últimos no cuentan con la fortaleza técnica y son hoy auxiliares de las politiquería regional.
Ahora que los precios del petróleo han subido y recibiremos unos recursos no esperados, sería muy importante que el próximo gobierno tomara medidas para evitar que se sigan dilapidando en medio de la corrupción.
