Miguel Gómez Martínez

Preguntas válidas

Miguel Gómez Martínez
Opinión
POR:
Miguel Gómez Martínez
septiembre 16 de 2015
2015-09-16 02:28 a.m.
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En esta columna hemos sido partidarios de las privatizaciones. Creemos en un Estado pequeño, eficiente, concentrado en las funciones esenciales como proveer seguridad, administrar justicia, promover la competencia y defender la soberanía. Nuestro Estado es el sinónimo de lo que no debe ser. Peca por acción, inmiscuyéndose en muchos aspectos en los que no debería estar y amparando a los poderosos, mientras brilla por su ausencia en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos.

Por ello, el caso de la enajenación del 57,6 por ciento de la participación estatal en Isagén tiene muchas preguntas válidas sobre su oportunidad y necesidad. El Gobierno quiere vender su porcentaje en esta empresa, argumentando que el país ya cuenta con un aceptable desarrollo en materia de infraestructura eléctrica, pero tiene un inmenso retraso en la comunicación terrestre. Los 5,2 billones de pesos que el Gobierno espera recibir serían destinados al programa de vías 4G, que permitirían dar un salto cualitativo en materia de competitividad de la economía. Este argumento es válido, pues el país asume grandes costos por la ineficiencia de sus comunicaciones internas.

Válida es también la pregunta de si, dada la reciente devaluación del peso, seguir tasando el valor de enajenación en pesos no constituye un detrimento patrimonial excesivo para el Estado. Se estima que el negocio, con la nueva tasa de cambio, tendría un valor por lo menos de 1,3 billones de pesos más alto de lo inicialmente calculado. Para el Gobierno resulta muy difícil solicitar a los potenciales compradores incorporar el nuevo contexto cambiario cuando las condiciones de venta ya han sido fijadas y fueron interrumpidas por las acciones legales ante el Consejo de Estado. La economía colombiana sigue perdiendo brillo en medio de un entorno nacional e internacional cada vez más complejo y el apetito de los compradores ha disminuido.

Válida es la pregunta sobre el carácter estratégico de Isagén, por tratarse de un activo del sector energético que quedaría en manos privadas y extranjeras, con el problema bien conocido de la incapacidad del Estado para regular, por ejemplo, los abusos que se cometen en sectores como la telefonía celular o los servicios públicos básicos que han sido privatizados.

Pero lo más preocupante es el tema sobre el uso real de los ingresos generados por la enajenación. Detrás del sano objetivo de destinar los recursos de la venta para el plan de carreteras, hay un evidente interés político por favorecer a los grandes contratistas colombianos de obras, que han sido los mayores beneficiados por el gobierno actual y que gozan de un protección excesiva. Se trata de generosos financiadores de campaña electorales en uno de los sectores menos transparentes y más ineficientes del país. Las obras públicas en Colombia son sinónimo de todos los males de la contratación con eternas demoras, sobrecostos excesivos, pésima calidad de los trabajos y elevados costos para los usuarios.

Con la venta de Isagén este Gobierno, que ha demostrado una enorme ligereza en el uso de los recursos públicos, gastando cifras colosales en contrataciones innecesarias y publicidad, recibiría un oxígeno que muy seguramente utilizará para seguir ‘enmermelando’ sus apoyos políticos y aceitando sus centros de poder.

Miguel Gómez Martínez

Asesor económico y empresarial

migomahu@hotmail.com

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